17 / junio / 2021 | 18:20 hrs.

Cero y van tres

Norberto Alvarado Alegría

La resolución que ordena reponer el procedimiento para la elección del titular de la Defensoría Estatal de Derechos Humanos abre una herida muy vieja, pero a la vez muy dolorosa para el Poder Ejecutivo del estado de Querétaro, ya que en lo que va de su sexenio, casi cinco años, la mayoría de las designaciones de los organismo autónomos han enfrentado complicaciones, tanto en el procedimiento como en los perfiles de los designados, lo cual demuestra la falta de operación política de la Casa de la Corregidora, que en su cuenta lleva tres secretarios de Gobierno y contando.

Basta recordar que el primer gran descalabro en este rubro fue el relativo a la integración del consejo general del Instituto Electoral de Querétaro (IEQ) —hoy agonizante y casi extinto—, en el que el entonces líder de la bancada panista local y hoy secretario general del comité ejecutivo nacional del PAN, rompió los acuerdos que había con el gobierno priísta, y además de costarle el cargo al primer secretario de Gobierno de este sexenio, llevó hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la controversia por el nombramiento de los siete integrantes del órgano electoral, que terminó con una reforma electoral frustrada, un IEQ sin legitimidad y la evidencia de que, ni el área de desarrollo político estatal ni la legislatura de entonces, tuvieron la capacidad de resolver.

El segundo de los entripados políticos de designación de este sexenio fue el relativo al nombramiento del magistrado presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que por una contradicción entre la Constitución local y la ley orgánica del Tribunal llevó a la actual Legislatura local y a su antecesora, a un litigio promovido por el hoy todavía magistrado presidente, que no fue entonces ratificado por tercera ocasión, y que montado en cólera acudió hasta la Suprema Corte de Justicia de la nación para enfrascar el nombramiento casi dos años, en medio de la incertidumbre política, y que acabó con la condena que obligó al gobierno estatal a la reinstalación del hoy magistrado administrativo, con el pago de salarios caídos, en medio de severos cuestionamientos al coordinador de la actual bancada priísta, quien por cierto es pariente del magistrado, y con la sensación de tráfico de influencias en el Poder Judicial federal, pero sobre todo con una segunda y dolorosa derrota para el Poder Ejecutivo del estado de Querétaro.

En el caso de la Defensoría Estatal de Derechos Humanos la historia es también compleja; recordemos que desde que inició el sexenio, la entonces Comisión Estatal de los Derechos Humanos estaba sumida en medio de corruptelas y arbitrarias posiciones con tendencias albiazules que llevaron a un enfrentamiento grave entre el que se hacía llamar ombudsman y el entonces secretario de Gobierno y hoy presidente municipal.

En aquel entonces, el triunfo fue contundente y la legislatura tomó la acertada decisión de no ratificar al oscuro y agrio personaje de tendencias garridistas. Sin embargo, la designación del todavía hoy titular de la Defensoría Estatal de Derechos Humanos fue severamente cuestionada por los grupos sociales organizados, por los académicos y por algunos actores políticos, inclusive uno de los aspirantes, desde entonces, ha venido promoviendo procedimientos judiciales para cuestionar la designación y ahora han tenido efecto, con la obligación de reponer el proceso de selección del ombudsman queretano.

En medio de todo, se denuncia el sospechosismo; lo preocupante es que cero y van tres, y casi al término del sexenio resulta evidente la ausencia de la operación política.

Abogado y consultor jurídico de empresas

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