Cassez: ¿y los responsables?

24/01/2013
01:13
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Ayer una mujer fue liberada después de siete años de cárcel. La razón esgrimida por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es simple: se fabricaron pruebas para condenarla; se violaron sus derechos humanos y la autoridad acusadora alteró el procedimiento judicial a tal grado que se complica saber si es culpable o inocente.

¿Florence Cassez pudo haber participado en el secuestro del que se le acusa? Si la respuesta era afirmativa, el Ministerio Público de la Federación fue incapaz de comprobarlo. No sólo le falló a las víctimas a la hora de acusar a alguien sin pruebas suficientes, sino que tomó en cuenta aquellas que fueron arrancadas de manera ilegal, o de plano inventadas, por parte de la entonces Secretaría de Seguridad Pública.

El juzgador es un árbitro entre dos partes, no un dador de justicia, porque él no estuvo en el lugar de los hechos, la policía y la procuraduría sí. Lo único que un juez puede analizar es lo que los policías y ministerios públicos le dicen sobre lo que pasó. Si éstos mienten, el criterio que prevalece es el de la presunción de inocencia. Esto sucede en México y en general en el resto de los países del mundo occidental.

A esa conclusión llegaron los ministros de la Suprema Corte ayer. Incluso el único entre ellos que votó contra la libertad a Cassez, el ministro Pardo, reconoció también la desaseada actuación de las autoridades y la violación a los derechos de la ciudadana francesa.

Hay espacio para la indignación, sin duda, pero no por la decisión del máximo tribunal, sino por la manera como los agentes llevaron a cabo la detención de la mujer, por la manera en que recabaron los testimonios y las supuestas pruebas, así como por la forma en que la entonces fiscalía integró el expediente.

Tendría que haber responsables. Desde 2006 se abrió una averiguación previa por abuso de autoridad cometida contra uno de los acusados, un proceso que concluyó en nada. No es tarde para investigar estos hechos.

Más allá del caso de Florence Cassez, la sociedad mexicana no puede estar tranquila con una policía y ministerios públicos incapaces de hacer su trabajo o, peor, orientados hacia la fabricación de culpables. Debe haber consecuencias contra quienes cometen arbitrariedades para que la población tenga la confianza en que la negligencia no quedará impune.

Mantener a nuestras policías y procuradurías impreparadas e impunes implica dos riesgos: que los culpables salgan libres por tecnicismos ignorados, o que los inocentes —más fáciles de capturar que los culpables— sean quienes paguen el costo de la incompetencia.

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