Los recientes cambios en el gabinete presidencial han dado un giro al estado de las cosas en el país, particularmente a la procuración de justicia, la relación del gobierno con el Poder Judicial y la oposición política.
El primer cambio que marcará la segunda mitad del sexenio se dio con la llegada de Adán Augusto López a la Secretaría de Gobernación y las responsabilidades que le dio el presidente Andrés Manuel López Obrador: encargarse de las relaciones con el Poder Judicial, el Legislativo y los gobernadores.
Las gestiones de Adán Augusto pasan por la elección de Rubén Moreira como presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Si bien Morena quería ese puesto, la mejor salida fue que el PRI, al que perfilaban como aliado en el Congreso, se la quedara el primer año. Quién mejor que un exgobernador, cuyo mandato ha sido cuestionado y también sus relaciones con empresarios como Alonso Ancira, para estar al frente de la Jucopo y ‘apretarlo’ cada vez que sea necesario.
Vino después la votación de la Ley Orgánica de la Armada de México, la cual pasó sin problema gracias a la alianza de Morena, pero también al apoyo del PRI.
Vienen otras pruebas de fuego para el PRI; dos importantes son la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que busca devolverle el monopolio de la electricidad a la CFE, y el presupuesto de egresos 2022. Gobierno y de Morena apuestan a que se mantengan intactos los recursos para programas sociales y proyectos de infraestructura del Presidente. En ambos casos deberá contar con el apoyo del PRI, o de la alianza opositora.
Este fin de semana se dio otra noticia que va en la línea de dinamitar la alianza Va por México (PAN, PRI y PRD). Se trata de la invitación del Presidente a dos gobernadores de oposición para integrarse a su gobierno: el sinaloense Quirino Ordaz, del PRI, quien será embajador de México en España, y Antonio Echeverría García, de Nayarit por el PAN, que se sumará a la 4T.
Enroques como este se van a ver en próximos meses, impulsados por el secretario de Gobernación, que, más que diálogo con el Congreso y los partidos de oposición, tiene la encomienda de desarticular a la alianza opositora.
Otra salida que ha generado reacomodos es la de Julio Scherer. La llegada de María Estela Ríos le devolverá el carácter de Consejería Jurídica. Tan pronto como se instaló llamó a secretarios de Estado y directores de áreas para que le entreguen una actualización de los asuntos jurídicos más relevantes.
La salida de Scherer, además, dejó el camino libre a la FGR para proceder contra políticos, exfuncionarios y empresarios cuyos expedientes están listos para judicializarse. Uno es el del abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, a quien se le giró el viernes una orden de aprehensión por presunta responsabilidad en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.
El fiscal general Alejandro Gertz Manero y el titular de la UIF, Santiago Nieto, habían tenido diferencias con Scherer.
Casos como el del empresario Alonso Ancira –a quien volverán a solicitarle una orden de aprehensión–, Raúl Beyruti –quien va a litigar las acusaciones de defraudación fiscal–, así como otros relacionados con el caso Lozoya y personajes vinculados a los expresidentes Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari van a reactivarse y a llevarse hasta las últimas consecuencias.
Las fichas del dominó comienzan a caer y se avecina una sacudida al establishment político y empresarial como no se recuerde otra.
mario.maldonado.
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