Mientras la Sección Instructora de la Cámara de Diputados avanza en el juicio de procedencia en contra de Francisco García Cabeza de Vaca, y los legisladores federales se preparan para escuchar este viernes los testimonios e informes de Santiago Nieto, de la UIF, y de Carlos Romero, de la Procuraduría Fiscal, dos de los arietes de la 4T que sostienen la denuncia de la FGR contra el gobernador de Tamaulipas, en el ámbito jurídico y constitucional aún no se resuelve el debate sobre quién tiene la última palabra para que el Ministerio Público Federal pueda detener y procesar penalmente al mandatario panista.
Si bien en la Fiscalía General de la República sostienen la tesis defendida por varios juristas y constitucionalistas importantes, de que en cuanto la Cámara de Diputados apruebe por mayoría el desafuero, ellos podrán proceder de inmediato para solicitar a un juez la detención de Cabeza de Vaca, lo que se calcula ocurriría en dos meses y medio, es decir a finales de mayo próximo, en Tamaulipas, tanto en la oficina de gobernador como en el Congreso Local, se sienten seguros porque afirman —como también lo hace otra corriente importante de abogados y juristas de renombre— que aun cuando la Sección Instructora y la mayoría del pleno de San Lázaro declaren el juicio de procedencia, la decisión federal tendrá que ser enviada a los diputados locales para que ellos decidan, en otra votación, si proceden o no las acusaciones contra el mandatario tamaulipeco.
El debate constitucional y legal aún no resuelto no es algo menor, pues dependiendo de la posición que se tome se generan distintos escenarios en este juicio de procedencia contra un gobernador en este caso de oposición. Por ejemplo, si la FGR decide hacer valer su punto de vista y procede con base en él, en cuanto la mayoría morenista declare la procedencia de las acusaciones, entonces veríamos en mayo un operativo federal para detener, probablemente en el Palacio de Gobierno o en su casa de Ciudad Victoria a Cabeza de Vaca, en algo que sería histórico y que provocaría sin duda una confrontación política y hasta de fuerza entre la Federación y el estado de Tamaulipas por la resistencia que opondrían en la entidad a esa posible orden de detención.
Por el contrario, si el Congreso de Tamaulipas decide hacer valer su posición, azuzado por el propio gobernador panista, entonces veríamos un segundo procedimiento de votación entre los diputados locales en el que claramente la mayoría panista de legisladores locales declararía improcedente el desafuero y las acusaciones en contra del Ejecutivo de su estado, con lo cual también habría confrontación no sólo con la FGR y el gobierno federal sino con la Cámara de Diputados que reclamaría su supremacía constitucional.
Un tercer escenario posible en este caso es que, en medio del choque de posiciones y ante una controversia de tipo constitucional, el tema llegue hasta la Suprema Corte de Justicia y esta tenga que resolver el debate sobre constitucionalidad, lo que supondría esperar varios meses a que los ministros recibieran los posibles recursos o acciones de inconstitucionalidad de las partes, los aceptaran y los discutieran en el pleno para dar un fallo que termine con las dudas que hoy genera el artículo 111 de la Constitución que establece la facultad de la Cámara de Diputados para declarar el juicio de Procedencia y la legislación secundaria que regula ese artículo que es la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
En ese caso la detención de Cabeza de Vaca tendría que esperar una resolución de la Corte y mientras eso ocurre transcurrirían las elecciones federales y locales del 6 de junio que aparecen también de fondo y como contexto de todo este proceso. Ya se vería, en caso de que ocurriera este último escenario, el efecto que tendría todo este proceso de acusación y desafuero en contra del gobernador panista de Tamaulipas y si el tema beneficia a Morena, como algunos piensan que es el cálculo, o si por el contrario el dominio del PAN y del gobernador se fortalece en Tamaulipas ante la amenaza federal al mandatario local.
Pero en medio de todo el debate y de los escenarios que se advierten, hay abogados que han empezado a mencionar un artículo, el 28 de la citada Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores públicos que reproduce las partes sustantivas del 111 Constitucional pero en el párrafo relativo al procedimiento de desafuero de servidores públicos locales (el gobernador, entre otros) reproduce el texto constitucional de que la declaración aprobada por la Cámara "tendrá el efecto de que se comunique a la Legislatura de los estados para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda (eso es igual a lo que dice la Constitución, pero agrega) y, “en su caso, ponga al inculpado a disposición del ministerio público federal o del órgano jurisdiccional respectivo".
Esa última frase, contenida en el artículo 28 de la ley secundaria, cuando dice “en su caso ponga al inculpado a disposición del Ministerio Público Federal o del órgano jurisdiccional respectivo” le daría, según la interpretación, la facultad al Congreso local de tomar la decisión final y decidir, en una segunda votación, si “en su caso” proceden las acusaciones contra el gobernador Cabeza de Vaca y si debe o no ser puesto a disposición de las autoridades correspondientes.
Este agregado que hace la ley reglamentaria clarifica con precisión que sí debe haber una segunda parte del procedimiento a nivel local y que quien debe —en su caso— poner a disposición de la FGR al gobernador no es la Cámara de Diputados federal sino el Congreso local y se trata de una ley aprobada por el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados incluida, desde fines de diciembre de 1982 (hace 38 años en el gobierno de Miguel de la Madrid), de manera que ahora la Cámara no podría reclamar una competencia propia que no reclamó cuando se aprobó esa ley.
Veremos cómo avanza el juicio de procedencia y cómo se decantan los distintos escenarios en un caso que se volverá paradigmático y en el que la pregunta aún sigue en el aire, ¿caerá o no la Cabeza de Vaca?
NOTAS INDISCRETAS…
Con más presión presidencial que claridad, en Campeche las autoridades estatales anunciaron el plan para un regreso a clases presenciales en las escuelas de educación básica en cuanto pasen las vacaciones de Semana Santa. El plan que contempla una serie de medidas sanitarias, comienza con un programa de “asesorías académicas” para los estudiantes, más que clases presenciales, y cuando se trata de explicar la ruta académica que seguirán en este regreso a clases, el programa de la Secretaría de Educación de Campeche no tiene ninguna claridad ni puntualiza exactamente cuáles son los rezagos educativos y académicos que atenderán los maestros para tratar de revertir el daño y el retraso que han sufrido los niños durante el año que han tenido que tomar las clases a distancia o por la televisión. Es decir, que mientras la SEP y su nueva titular, la maestra Delfina Gómez, no tienen un plan ni una ruta clara para el regreso a clases presenciales, y la maestra Gómez anda más preocupada por recortar personal y cumplir con la “austeridad republicana”, la realidad es que el momento para que los niños regresen a las aulas a tomar clases presenciales en todo México se ve cada día más lejano, y los programas piloto que inician en Campeche se están haciendo con más voluntarismo que claridad académica y educativa... Por cierto, antes de que se fuera a Washington, donde ya despacha como embajador, a Esteban Moctezuma le había encargado el Presidente dejar listo el plan para el regreso a clases presenciales en Campeche. A juzgar por el programa tan impreciso e incompleto que están anunciando las autoridades campechanas, se ve que don Esteban no hizo la tarea y que su sucesora, la maestra Delfina, nomás no parece considerar una prioridad un regreso a clases porque trae la mira puesta en otros objetivos ideológicos de la 4T… Al diputado panista de Michoacán, Javier Estrada, lo desconocieron ayer hasta su propio partido, luego de que el coordinador de los diputados blanquiazules en el Congreso de Michoacán fuera grabado diciendo que no estaba de acuerdo con la revisión de los gastos de los diputados que realizó la Auditoría Superior de la Federación de Michoacán. “El dinero público yo me lo puedo gastar como quiera y con quien quiera, hasta con putas si quiero”, dijo el coordinador panista en el Congreso local. Ayer el CEN del PAN y sus propios compañeros de bancada en el congreso michoacano pidieron su destitución, no sólo por su tono machista y misógino, sino por la forma en que el legislador concibe el ejercicio de su representación popular. En el fondo también Estrada dejó en ridículo no solo a la política, sino a la imagen de puritanos y moralinos que históricamente tienen los panistas… Se baten los dados. Serpiente.
