Después de una elección en donde el partido gobernante, Morena, ganó las elecciones en BC, ¿qué necesidad había de generar una reforma ilegal y descomponer el ambiente político en el estado? En la noche del 8 de julio pasado, 21 de 25 diputados del Congreso saliente, aprobaron una reforma que modificó el Artículo Octavo transitorio de la Constitución con el fin de ampliar el periodo del nuevo gobierno que encabezará Jaime Bonilla de 2 a 5 años. ¿Cómo entender esta acción inconstitucional?
Este cambio ha generado un repudio a nivel local y federal. Muchas voces han emitido una condena y el tema se ha vuelto una enorme polémica en la opinión pública. La acción del congreso local huele mal y provoca que el tránsito de un gobierno panista a otro morenista, quede marcado por una reforma que es inconstitucional, como dijo la secretaria de Gobernación. Parece que para los 21 diputados y todos los que maquinaron el cambio, no habría problema en modificarles a los ciudadanos de BC el sentido y alcance de su voto, que emitieron para un gobierno de 2 años y que por arte de magia se les alargó 3 años más.
De acuerdo a reportajes periodísticos hubo un paquete para que el congreso hiciera nombramientos a modo en los organismos de control y fiscalización, como la Auditoría Superior del Estado, y que el desprestigiado gobernador saliente, Francisco (Kiko) Vega de Lamadrid, tuviera a gente cercana que pudiera cubrir cuentas pendientes (Proceso 2228). En esta lógica, se puede ver que la movida de un gobierno panista, que termina con mucho desprestigio, quiera cubrirse la espalda y dejar obstáculos para impedir que la nueva autoridad haga su tarea de fiscalización.
Diversas voces de Morena se han manifestado en contra y AMLO ha dicho que si le hubieran consultado él habría rechazado la reforma conocida como “ley Bonilla” (Proceso 2228).
Varios escenarios se empiezan a perfilar para cancelar la reforma, desde la acción de inconstitucionalidad que podrían interponer varios partidos opositores, hasta la no publicación por parte del gobernador saliente. En el balance de resultados sale a relucir que no hay ganadores. Para el gobernador saliente, que se va muy desprestigiado, sólo le agregó una raya más al final de su sexenio. Para el gobernador entrante sí hay una enorme pérdida de prestigio porque su inicio quedará marcado por una obsesión de poder que lo llevó a querer modificar la voluntad popular del voto que le dio el triunfo en las urnas. Pierde el PAN, porque la legislatura saliente tenía mayoría blanquiazul. También pierden los diputados que ejecutaron en lo oscurito con su voto esa acción y se van en medio de rumores de corrupción. También pierde Morena, porque la propuesta vino de un diputado morenista, Víctor Manuel Morán Hernández, que parece ser una persona cercana al próximo gobernador Bonilla.
Cuando se abre la mirada para analizar este tipo de fenómenos que afectan a la democracia, se puede advertir que hay al menos tres controles que pueden impedir el abuso, madruguete o gandallismo, de la “ley Bonilla”. En primer lugar, está el mismo proceso de democracia electoral como control político, que se hizo bajo la lógica de elegir un gobernador para dos años, para emparejar calendarios, como ya se ha hecho en Puebla y en Veracruz. En segundo lugar, se encuentran todos los mecanismos legales para impedir este tipo de anomalías, y se pueda tener un control constitucional de las instituciones que impida el rompimiento del estado de derecho. En tercer lugar, está la parte de la cultura política y del freno que los ciudadanos pueden establecer, lo cual va desde las demandas penales (Proceso 2229), hasta el límite social de que no se pueden permitir ese tipo de actos, porque esa política huele a podrido…
Investigador del CIESAS. @AzizNassif
