24 / septiembre / 2021 | 15:44 hrs.

Autonomía y libre personalidad

Carlos Lázaro Sánchez

En días pasados sometí a consideración la iniciativa de divorcio incausado. Actualmente el Código Civil muestra atrasos, por lo que es necesario actualizar las disposiciones normativas del marco jurídico. Esto con la  finalidad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los ciudadanos.

Aunque nuestro Código Civil data del año 2009, muestra atrasos, rezagos, instituciones anacrónicas y conceptos fuera del acontecer internacional y nacional actual. La labor del legislador es actualizar las disposiciones normativas de nuestro marco jurídico, para que estén acorde a la dispuesto en nuestra norma fundamental y siempre pendientes de lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve.

La Constitución prevé las interpretaciones conforme y pro personas de las normas relativas a los derechos humanos; así como la obligación de todas las autoridades para que, en el ámbito de sus competencias, promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Concatenando lo anterior, es impensable un orden jurídico que no garantice el respeto a los derechos fundamentales de las personas; por tal razón se debe primar el respeto y garantizar el cumplimiento de dichos derechos, privilegiando en todo momento el de la dignidad humana.

De la dignidad humana, como derecho fundamental para el ser humano reconocido en los tratados internacionales, se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que el ser humano desarrolle integralmente su personalidad. Lo anteriormente señalad comprende el derecho a elegir en forma libre y autónoma su estado civil. El derecho al libre desarrollo de la personalidad es la base para la consecución del proyecto de vida que tiene el ser humano para sí, como ente autónomo.

Nosotros como legisladores debemos adecuar nuestro ya rebasado Código Civil y cuanta ley sea necesaria, para reconocer en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la facultad natural de toda persona a ser, individualmente, como quiere ser, sin coacción, ni controles o impedimentos externos injustificados. Por supuesto, como todo derecho, no es absoluto, pues encuentra sus límites en los derechos de los demás y en el orden público.

Soy conocedor de que ni la dignidad, ni el derecho al desarrollo libre de la personalidad están enunciados de manera expresa en nuestra Constitución; sin embargo, sí lo están en los múltiples instrumentos internacionales signados por nuestro país; además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la hora de resolver, considera estos elementos, nunca menores, y sí muy importantes.

La institución del divorcio es casi tan antigua como la del matrimonio, y si entendemos que tanto el matrimonio como el divorcio, al ser ambas instituciones civiles, dependiendo el tiempo variaran su contenido. Por ello retomamos el actuar de nuestro tribunal superior, que ha considerado incensario que para la disolución del vínculo se tenga que estar en algún supuesto arbitrariamente impuesto, y lo que es más, lograr convencer a la autoridad jurisdiccional, delimitando con esto libertades elementales del ser humano.

Estamos pues en un momento idóneo y oportuno, para tener un Código Civil de vanguardia, que respete y garantice los derechos humanos fundamentales. En este apartado no debemos dejar pasar la consideración de que en ningún momento histórico se ha considerado al matrimonio como una institución indisoluble; siempre ha dependido del momento y de la corriente ideológica y/o religiosa en boga, para aumentar o disminuir sus requisitos.

Diputado local de la LVIII Legislatura, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales y del Migrante. @CL_SanchezTapia [email protected]

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