18 / junio / 2021 | 06:36 hrs.

Autonomía universitaria

Arnulfo Moya Vargas

El laudo dictado por las autoridades laborales en el conflicto universitario tal vez tenga un punto positivo solamente: abrir la institución para que se vuelva a enseñar, investigar y difundir la cultura. Pero no resuelve el problema de fondo que subyace en este litigio, el cual seguirá en otras instancias judiciales. Algo más que tiempo se ha perdido desde el inicio del conflicto y se llama autonomía universitaria. Fue clara la forma en cómo un laudo declara imputable la huelga, basándose en argumentos extrajurídicos que, sin duda, se revertirán en el amparo que presentará la UAQ. Sí, más allá de las razones de fondo que puedan tener los partidarios de la huelga, el Estado de derecho exige que hasta para la mínima afectación —y aquí no hay afectaciones mínimas— se deben respetar las formas legales y no se respetaron. Privó el interés político por encima del legal, la urgencia sobre el largo plazo, la consigna sobre la libertad judicial.

El laudo olvida que las universidades, desde su origen, nacieron como islas de libertad. La libertad universitaria implica no solamente a la esfera académica, de docencia, investigación, de autogobierno, sino que se traduce en “derechos negativos”, deberes de no hacer para la autoridad, de no alterar las condiciones de ejercicio de dichas libertades. Sin el respeto a dicha esfera ninguna institución universitaria ha sobrevivido, ni menos aún ha cumplido con las funciones básicas de enseñar, investigar y difundir la cultura. El laudo se parece, por su forma y su tiempo de emisión, a esas órdenes de aprehensión tan típicas del viejo régimen, que se ejecutaban en la inmediatez del fin de semana para que el acusado no encontrara forma de combatir la cárcel injusta o pagar la fianza. Una decisión arbitraria típica del Estado policial.

El laudo es un acto de censura a la libertad universitaria. La libertad económica es parte de las libertades universitarias y si no se cuenta con dicha libertad es claro que cualquier condena, por impecable que sea, no puede ser imputable a las autoridades universitarias. Quienes hicieron el laudo en cuestión olvidan que es esencial a la universidad promover el debate de las ideas, evaluar las investigaciones e impartir nuevos conocimientos a los alumnos (Chris Patten), y desprender una imputabilidad al margen de dichos fines no puede leerse más que como un ataque a la libertad de expresión en una sociedad libre. Un acto de censura judicial a una universidad que no tiene precedente no sólo en el estado, sino en el país.

Una universidad que ejerce sus libertades interroga a la sociedad y al gobierno. Se inconforma en la plaza y rompe la corrección política. Esa es su tarea también y puede parecer hasta peligrosa si el gobierno es autoritario. Pero la Constitución permite la disidencia universitaria por tolerable o no que parezca a determinados grupos. Usar a las instituciones laborales en nombre de la ética de la justicia para suprimir la identidad de una universidad, —al pretender que la universidad es hostil a sus trabajadores— por no asumir demandas para las que no hay financiamiento, no tiene ningún fundamento.

En el estado, la autonomía de la Universidad Autónoma de Querétaro se basa en la Ley Orgánica y la legislación interna que la propia universidad se ha dado dentro del marco constitucional y éstas están siendo amenazadas. El laudo de la Junta también violenta dichas leyes, no sólo los actos concretos materia de la litis puesta a su consideración. La lógica de las autoridades parece ser imponer un castigo a los universitarios rebeldes, la Junta resolutoria, que sigue las órdenes del gobierno en este caso, se ha equivocado.

Paradójicamente, el ataque a los valores de la autonomía universitaria también viene desde el interior de la propia universidad. Creo que el desacuerdo con las autoridades universitarias, por fuerte que sea o haya sido, no debía conducir al cierre de la universidad, ni menos aún la huelga autorizaba al cierre bajo la presunción de violaciones al contracto colectivo de trabajo. Llegar a victimizarse a costa de las propias víctimas que en última instancia son los alumnos.

La ofensiva contra la universidad debe parar y abrir el recurso del diálogo razonado entre el poder público, la parte sindical y las autoridades universitarias. Los estudiantes no deben estar al margen de las condiciones de cómo se produce el conocimiento, se enseña, se investiga y se difunde. Deben, al igual que todos los ciudadanos, interesarse más por la universidad. ¿Quieren una universidad en la que el gobierno decida qué es lo mejor que ustedes aprendan o discutan, y limite su potencial? ¿Quieren una universidad que eduque para la libertad y la democracia? En medio de este conflicto se ha olvidado la lección de un gran maestro del derecho y de la política, quien por cierto cursó su preparatoria en la UAQ, Jesús Reyes Heroles: “Lo que resiste apoya”.

Abogado

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