Para variar un poco, nuestro órgano legislador federal (Senado) la semana antepasada aprobó, con una modificación sustancial, la iniciativa de ley 3de3 en la que en su artículo 32 incluyó, de manera soterrada, la obligación de que los empresarios y particulares que tuvieran relación comercial con el gobierno, también deberían presentar su declaración fiscal, patrimonial y de conflicto de interés, provocando la molestia del grupo empresarial, el cual se manifestó en el Ángel de la Independencia y posteriormente tuvo una entrevista con el presidente Peña Nieto, solicitando el uso del derecho de veto presidencial a la ley citada.
Sin duda alguna que esta iniciativa, presentada por más de 600 mil ciudadanos y un grupo de académicos, viene a ser un parteaguas en la vida política de México, ya que pretende de alguna manera disminuir la corrupción y la impunidad gubernamental que se ha constituido en un lastre para la vida pública y, todavía más, para el desarrollo del país y el abatimiento de la pobreza.
Empero, dos factores importantes se mezclaron con la iniciativa propuesta y, a mi modo de ver, modifican la ruta inicial de la citada iniciativa: en primer lugar, la modificación que hizo el Senado a la ley, para incluir a los empresarios y particulares en la obligación de presentar las tres declaraciones; y segundo, la inclusión ya en este diferendo del Presidente de la República, para hacer uso de su derecho de veto en la ley aprobada y que ya se le había enviado para su sanción y publicación.
Por cuanto toca a la modificación que el Senado hizo a la ley, se pretendía en el artículo en cita crear la obligación de presentar #3de3 a becarios, beneficiarios de asistencia social, pensionados, empresarios (con todos sus empleados), y todas las personas físicas y morales que recibieran recursos públicos. Según se dice, el artículo fue redactado de madrugada, es decir, se pretendió dar un albazo legislativo sin análisis de impacto y totalmente inoperable.
Desde luego que, una vez que se hizo pública y se conoció dicha modificación a la iniciativa original se generaró una serie de presiones por los grupos de empresarios primeramente, pero también por los académicos autores de la iniciativa y de manera inmediata recurrieron a la protesta social para solicitar al Presidente el veto, lo que vino a enrarecer el ambiente político y propició la sombra de la duda sobre una vulgar venganza de la clase política legislativa, que de paso involucró a la figura presidencial.
Por cuanto toca al veto presidencial, la solicitud de un grupo de empresarios —factor real de poder— se manifestó como una medida reclamada airadamente, pero sobre todo con una petición directa y con la idea de ir más lejos si no había la respuesta del veto, lo cual constituye una forma de chantaje y de ejercicio indebido de poder de la clase económica de este país, que desde luego esperamos no genere mayores consecuencias que puedan afectar la ya de por sí maltrecha economía nacional.
El veto legislativo constituye un mecanismo de defensa de los poderes ejecutivos frente a las asambleas legislativas. Funciona como un contrapeso, un equilibrio de poderes y asegura un pluralismo democrático, que en el caso de México se encuentra contenido en la Constitución, artículo 72, inciso B. Previo a la publicación de una ley, si el Ejecutivo tiene alguna observación a la misma, la devuelve a la cámara de origen para que se atiendan sus observaciones.
Desde luego que esta venganza político-legislativa por la iniciativa 3de3 y la respuesta empresarial, involucrando a la Presidencia, están muy lejos de terminar aquí, ya que el veto legislativo, figura poco usada en los diversos procesos legislativos, viene a constituir un golpe de más deslegitimación a la figura de los legisladores del Senado y de paso, para variar un poco, a la ya tan afectada figura presidencial.
En fin, esperemos que la respuesta al veto devuelva a la ley su espíritu inicial de constituir el primer paso para generar una cultura de mayor ética y responsabilidad en el servicio público y sobre todo permita abatir la impunidad que tanto daño genera al país.
Apostilla: “La corrupción no nos la hemos inventado nosotros, (...); existe desde que el mundo es mundo: los seres humanos somos así. El problema, por tanto, no son los corruptos: el problema es el sistema que no impide o que alienta la corrupción; hay que cambiar a las personas, pero antes hay que cambiar el sistema. Lo difícil no es cambiar a los mangantes por personas decentes, sino impedir que las personas decentes se conviertan en mangantes”. Javier Cercas.
Maestro en la Facultad de Derecho de la UAQ. @JorgeHerSol jorgeherrerasolorio@gmail.com
