En una de sus últimas actividades del año, el Congreso se dio a la tarea de elegir a los seis nuevos magistrados que habrán de integrar el pleno del Tribunal Superior de Justicia, y las respectivas salas civiles y penales que quedaron vacantes con motivo de la jubilación de seis de los magistrados, algunos con antigüedad superior a los 35 años (Araceli Aguayo Hernández y Arturo González de Cosio) no así los demás que alcanzaban los 28 o 30 años.
Todo tipo de decisiones políticas, como la que tomó el Congreso en la elección de los nuevos magistrados, siempre pasarán por la criba de la suspicacia o sospecha y la crítica, fundada o infundada, de si los elegidos tienen los méritos necesarios para ocupar tan altísimo cargo y dignidad judicial, que precisa de un amplio conocimiento jurídico, experiencia en la función judicial, sensibilidad social, pero sobre todo un profundo sentido de lo que implica hacer justicia; obviamente con este último punto me refiero a una elevada percepción de la imparcialidad, como el atributo esencial que debe distinguir a los jueces.
Sí, llanamente a los buenos jueces, pues finalmente los magistrados electos son jueces revisores de las sentencias de primera instancia para confirmar, modificar o revocar las decisiones de los jueces de primera instancia y por tal motivo, al margen de las etiquetas que ya se les han asignado, al impartir justicia la decisión debe estar desprovista de cualquier carga ideológica, partidista o de cualquier otra índole, pues el trabajo técnico-jurídico y colegiado que habrán de llevar a cabo es tan delicado que no cabe espacio para la aplicación parcializada e injusta que afecte a los ciudadanos.
De los seis designados, Mariela Ponce de Granados y Lourdes Obregón Bracho, tienen a su favor la experiencia judicial de la carrera por más de 20 años y haber escalado diversos puestos, desde mecanógrafos hasta jueces de primera instancia, además de contar con diversos estudios de posgrado. Se espera cumplan a cabalidad su función, demostrando con hechos que su formación es la mejor garantía que puede tener Querétaro en la designación de magistrados; aunado a lo anterior, hoy que está de moda, se cubre la cuota de género femenino.
Alfonso Jiménez Campos y Juan Ricardo Ramírez Luna, abogados con dilatada experiencia y amplio conocimiento en el litigio civil, son personas que vienen a refrescar la judicatura con una visión, permeada por el constante batallar de los litigantes con la autoridad judicial; ojalá su designación sirva para crear el puente que rompa las inercias judiciales y aporten ideas e imaginación para el cambio de estructuras obsoletas y que es oportuno cambiar y ampliar como la Coordinación de Actuarios, mejorar la Central de Consignaciones, crear más juzgados y ser el empuje necesario para la creación de la ciudad judicial.
Cecilia Pérez Cepeda y Greco Rosas son juristas jóvenes que aportarán al máximo tribunal la frescura que otorga la novedad de encontrarse con la elevada dignidad de impartir justicia; profesionistas a los que conozco por haber sido mis alumnos y en quienes siempre observé el deseo de superación profesional y que cuentan con experiencia en la administración pública, pero deberán acreditar con su trabajo y esfuerzo que el Congreso no se equivocó al designarlos.
Para quienes en los últimos 35 años hemos vivido de cerca la carrera judicial, por habernos formado en ella, debemos ver con esperanza y ánimo la designación de los nuevos magistrados; uno de los aspectos torales del poder judicial es el constante cambio para mejorar, así ha sido y así deberá seguir para la que la institución más importante en la impartición de justicia siga garantizando la imparcialidad, honestidad, seguridad jurídica y paz social. Felicito a los nuevos magistrados y les deseo éxito en su función en beneficio de la sociedad queretana.
Apostilla: ¡Feliz año nuevo a los lectores del periódico EL UNIVERSAL Querétaro, deseándoles un año venidero colmado de bienestar personal y familiar!
Maestro en la Facultad de Derecho de la UAQ. @JorgeHerSol jorgeherrerasolorio@gmail.com
