El 2020 ha sido, sin duda, un año lleno de incertidumbre y temor en todos los ámbitos. Los efectos de la pandemia y de la crisis económica que se venía arrastrando son cada vez más dolorosos. Nos preocupa la salud, nos alarman los altos niveles de desempleo y nos estremecen los niveles de inseguridad y de violencia que atestiguamos todos los días y, sin embargo, no vemos que el Presidente sea sensible ante esto.

En la esfera de seguridad, según el Presidente, “ya no manda la delincuencia organizada”. Como si con eso se nos olvidara la liberación de Iván Archivaldo Guzmán, en Sinaloa, como uno de los tantos ejemplos del poder que mantiene la delincuencia organizada en nuestro país.

Además, en el México que nos quiere hacer creer el Presidente, “no se cometen masacres ni se rematan heridos”. Esto, tampoco es real. En los primeros once meses de este año, de acuerdo con el estudio de Causa en Común sobre atrocidades, se han registrado al menos, 654 masacres, 843 casos de tortura, 657 casos de descuartizamiento y destrucción de cadáveres, y descubierto 1,276 fosas clandestinas.

No es negando la realidad como se puede avanzar en la solución. Sin la responsabilidad de reconocer la problemática, menos se llegará la de enfrentarla y mucho menos llegará la hora de atender a las víctimas, quienes un año más son testigos de la inseguridad sin precedentes y de la continua impunidad. A la crisis de seguridad, que ya es histórica, le tendremos que sumar tanto la crisis sanitaria con los más de 100 mil muertos, según cifras oficiales por Covid-19, como la económica, con una contracción de alrededor del 10%. Con estos saldos, el balance del 2020, para ser mexicano o vivir en México, es poco alentador.

El año 2021 comenzará en pocas semanas. Hay mucho trabajo por hacer. Se deben encontrar alternativas para salir de la violencia, buscando mecanismos para que, a pesar de los recortes, los gobiernos estatales puedan fortalecer las policías locales. La coordinación con Estados Unidos tendrá otra dinámica que debe ser aprovechada. Por lo pronto, la sociedad civil organizada, la academia, los centros de estudios, deben continuar proponiendo políticas públicas. Si no es el gobierno federal, serán los gobiernos locales los que aprovechen las recomendaciones.

Dejemos de hablar de que México puede ser Dinamarca, Finlandia, Alemania o Japón. No busquemos compararnos, busquemos avanzar de forma realista en las soluciones, sin frivolidad ni cálculos políticos o electorales.

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