Dice Ricardo Anaya que su lío inmobiliario y de lavado de dinero está cerrado. Me temo que no: esto es asunto de datos duros y documentos probatorios.

Anaya fue un influyente secretario particular del gobernador Francisco Garrido Patrón en Querétaro, durante aquellos años en que se privatizaron los terrenos que sirvieron al propio Anaya y a sus socios, encabezados por Manuel Barreiro, para realizar negocios inmobiliarios. Vendieron barato y se sirvieron de la plusvalía. Eduardo de la Guardia fue apoderado, junto con Anaya, de la cuenta bancaria de la Fundación Por Más Humanismo y construyó, coincidentemente, el edificio sobre el terreno de la inútil fundación, así como la nave industrial sobre el lote propiedad de Anaya y familia.

El candidato presidencial afirma que le vendió a un “prestigiado” arquitecto queretano, Juan Carlos Reyes, su nave industrial. Pero obra en escrituras públicas inscritas en el registro público de la propiedad de esa entidad que la empresa compradora, Manhattan Master Plan Development, se constituyó con 10 mil pesos, 51 días antes de la operación, y cuyos socios fundadores son el chofer de Barreiro y la esposa de su contador. Por cierto, esa sociedad fue calificada como empresa fantasma, según el Servicio de Administración Tributaria en el Diario Oficial de la Federación. Y la mentira de que el arquitecto Reyes fue el adquirente quedó exhibida.

Ricardo Anaya sostiene que la compra de su terreno y la edificación las hizo con un crédito hipotecario sobre su casa, con un financiamiento de su desarrollador (Barreiro) y con “ahorritos”. Ello mientras su familia vivía, a todo lujo, en Atlanta. No ha sido capaz de mostrar un solo documento que pruebe su dicho. Más aun, una vez recibidos los 54 millones de pesos, ese mismo día compró otro lote, en ese parque industrial de su compadre Barreiro, por más de 23 millones de pesos.

Como dijo Luis Almagro, secretario General de la Organización de Estados Americanos: “Si es necesario investigar, es mejor investigarlo cuando es candidato”. Y mientras un nutrido grupo de intelectuales exigían a Peña Nieto evitar el uso de las instituciones del Estado para perseguir políticamente al candidato, pidieron que “si hay pruebas contundentes sobre la responsabilidad legal de Ricardo Anaya, exhortamos a que la autoridad ministerial proceda en consecuencia”.

En suma, no se vale que Anaya se asuma como víctima de cuando ha sido su propia conducta la que lo tiene en medio de una red de lavado de dinero. Ciertamente no quiero ver a una PGR enlodada en el proceso electoral, pero tampoco es sano tener a una autoridad ministerial inhibida por la presión de un grupo de políticos y activistas cercanos a quien pasó de ser el “joven maravilla” a un vulgar estafador.

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