La relación de Andrés Manuel López Obrador con los empresarios ha sido, por decir lo menos, errática y anticlimática; como si dos fuerzas acostumbradas a chocar se tuvieran que juntar a fuerza —en pro de un proyecto que se llama México—, pero que después de un tiempo de convivir juntos no se entienden, se contraponen y terminan por explotar.

La historia de López Obrador con la iniciativa privada ha tenido varios momentos cumbre, desde que el tabasqueño decidió tomar la bandera de izquierda y enfrentar, sino al capitalismo en toda su concepción, sí a los poderes que él considera que han estado por encima del Estado y la democracia (es decir, las decisiones del pueblo) en los últimos 33 años de ‘neoliberalismo’; entre ellos ubica a los mercados y a los grandes empresarios, principalmente a los que hicieron sus fortunas con las privatizaciones del gobierno de su archienemigo y villano favorito Carlos Salinas de Gortari.

En la etapa más reciente, de la última elección presidencial a la fecha, la relación entre AMLO y los empresarios ha seguido dando tumbos, pero con momentos clave que podrían definir para siempre este vínculo. A mi parecer, ya hemos visto dos partes de esta trilogía y la última tendría su entrega en las próximas semanas o meses.

La primera parte tuvo su momento más importante durante la campaña presidencial, cuando el AMLO candidato explotó contra el Consejo Mexicano de Negocios, entonces encabezado por Alejandro Ramírez (Cinépolis) y Eduardo Tricio (Aeroméxico y Lala), a quienes acusó de reunirse en la clandestinidad para convencer al expresidente Enrique Peña Nieto de que su candidato, José Antonio Meade, declinara por el panista Ricardo Anaya. Más tarde vino la famosa frase de “soltar al tigre”, aludiendo a un eventual fraude electoral.

La segunda parte, y quizá la que ha dejado más estragos en la deteriorada relación, fue la cancelación del Aeropuerto de Texcoco mediante una consulta pública irregular. La críticas de los empresarios, los analistas de bancos internacionales y las calificadoras le llovieron en cascada al entonces presidente electo, quien ese mismo año (2018), previo a las elecciones, arremetió como pocas veces lo había hecho contra los hombres de negocios.

“Tienen confiscadas las instituciones. No quieren dejar de robar ni perder el privilegio de mandar. Son una minoría rapaz. Se sienten amos de México”, les asestó en mayo de 2018 durante la 59 Semana Nacional de Radio y Televisión.

Durante los casi 16 meses que lleva en la Presidencia, López Obrador ha tenido exabruptos con el sector empresarial por temas como la cancelación de la reforma educativa y buena parte de la energética; por la decisión de renegociar los contratos con empresas de gasoductos y por su falta de coherencia en los mensajes y las políticas públicas que terminaron por dejar la economía en 2019 con una contracción de 0.1%.

Dichos enfrentamientos; sin embargo, no alcanzaron a subir de tono la difícil relación AMLO-IP, como sí pasó durante la campaña y luego con la cancelación del proyecto en Texcoco. Además, fueron atemperados con una serie de reuniones formales, tanto en Palacio Nacional como en casa de empresarios, como aquella de agosto con su otrora villano favorito Alberto Baillères, así como con la creación de acuerdos como el Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico.

La gota que volvió a derramar el vaso fue la consulta popular que se llevó a cabo este fin de semana en Mexicali, Baja California, y que concluyó con el anuncio de la cancelación de una planta cervecera de la empresa estadounidense Constellation Brands por mil 400 millones de dólares. El Consejo Coordinador Empresarial publicó un comunicado en el que califica de arbitraria, autoritaria y unilateral la decisión, además de que violenta la legalidad y el Estado de Derecho; daña a la comunidad y a los trabajadores; y es una pésima señal hacia la sociedad y el mundo de que las reglas democráticas no se respetan en México.

“El gobierno federal está empeñado en destruir la posibilidad de generar confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros”, repasó el organismo empresarial más importante del país, que presidente Carlos Salazar, un cercano al Presidente y a Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia y enlace con la IP, quien ahora no sabe dónde meter la cabeza.

Este episodio, aderezado con la crisis de salud y la paralización de la actividad económica del país que ocasionará una caída del PIB de entre 1.5% y 5% este año, es la tercera parte de esta película de malentendidos y enfrentamientos. Y, a mi juicio, la última parte.

Por un lado, el Presidente ya dijo que la decisión no se va a echar atrás y les anticipó que no “habrá rescate de empresas ni condonaciones de impuestos, como en la época neoliberal”; y por el lado de los empresarios, ya le dijeron que es un destructor de confianza.

Se ve como una relación insalvable y a su vez como la verdadera última llamada para crear otro “Pacto por México”, pues en un enfrentamiento de esta magnitud, quienes quedamos en medio somo los ciudadanos: con menos oportunidades, menos desarrollo y sin crecimiento.

¿Estarán a la altura nuestros empresarios y el Presidente?

Televisa y Slim
Dos grupos empresariales ya salieron al paso y anunciaron que apoyaran a sus trabajadores. Las empresas de Carlos Slim, dijo ayer el Presidente, no recortarán empleos por la crisis; también ayer, su fundación anunció apoyos por mil millones de pesos para acciones que permitan combatir los efectos de la pandemia de Covid-19 en México. Por su parte, Televisa –cuya acción subió este martes 16.66% en la BMV ante la posible aprobación en el Senado del 30% obligatorio de contenido nacional en plataformas digitales– envió la semana pasada una carta a sus empleados en la que asegura que tomará medidas para que el ingreso y empleo de sus colaboradores se mantenga. La carta la firman Emilio Azcárraga Jean, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia.

Empresarios en Guatemala 
Sobre lo publicado en este espacio en torno a las investigaciones que sigue el gobierno de Guatemala en contra de empresarios mexicanos del sector de las TI acusados de fraude, nos escribió otro de los aludidos.
Se trata de Enrique Octavio Jiménez Rosas, vía su abogado defensor en México, Gustavo Javier Olvera Herrera, quien explicó que su cliente se encuentra en Guatemala acogido al beneficio de la colaboración efectiva con el gobierno de ese país y bajo la guía de su abogado guatemalteco con el objeto de continuar demostrando su inocencia como lo ha venido haciendo ante las distintas autoridades.
El defensor señala que los delitos que incriminan a su cliente son cohecho y asociación ilícita, y niega categóricamente la acusación de fraude. 
El abogado expone que el señor Jiménez Rosas resultó involucrado en los hechos que señalan a la empresa Intellego, como consecuencia de las actuaciones por consigna carentes de legalidad de la extinta CICIG, situación que en breve deslindará la Fiscalía de Guatemala.

Bolsas reloaded
La difícil situación de la emergencia sanitaria del Covid-19 en el mundo ha relanzado un producto que en los últimos años fue duramente criticado: las bolsas de plástico. Como muestra están las declaraciones de los últimos días por parte de autoridades de ciudades como Nueva York, Maine o Massachusetts en Estados Unidos; o Kent, en Inglaterra; y Madrid, en España, urbes en donde se han suspendido las prohibiciones de bolsas de plástico de un solo uso, haciendo un llamado a utilizar productos desechables, ya que estos no retienen microorganismos y pueden ser desechadas al instante.
En México, el sector agrupado en la Asociación Nacional de Industrias Plásticas (ANIPAC) de Aldimir Torres, y los Industriales de Bolsas Plásticas (INBOPLAST), que encabeza Álvaro Hernández, garantizan el abasto de productos de plástico como cubrebocas, dispensadores para gel antibacterial, guantes quirúrgicos, jeringas, plumas de insulina, tubos intravenosos, empaques valorizables para alimentos y bolsas para separación de residuos, entre otros.