Acostumbrado a operar en la obscuridad, encubierto en el silencio cómplice de sus allegados; la impunidad; el pago de favores (premio a los encubridores y castigo a los que hablan); con libertad plena para que su camarilla extorsione o recaude contribuciones para “sus causas”, sin que se conozca el destino de los recursos; López Obrador opera en la política como un viejo dinosaurio priísta.
El reciente rechazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al decreto por el que en noviembre de 2021 designó sus obras insignia —Tren Maya, Refinería de Dos Bocas, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a las que también se agregaría el proyecto interoceánico en el Istmo de Tehuantepec— como de Seguridad Nacional, para exentarlas de la rendición de cuentas e impedir que la sociedad tenga acceso a cualquier información sobre ellas, ha provocado, en cuestión de horas, un nuevo decretazo por el que el tabasqueño ratifica su decisión personal de que dichas obras sean de seguridad nacional —¿o personal?— con lo que reiteradamente las coloca en la total opacidad.
Aunque lo más seguro es que este nuevo decretazo vuelva a ser legalmente desechado por ser inconstitucional, el velo de oscuridad tejido en torno a ellas pone en tela de juicio la honestidad del Presidente, la autoridad moral que dice tener: que no miente, no roba y no traiciona.
Para evitar rendir cuentas, López Obrador ha contado con la complicidad del Fiscal General de la República, responsable de hacer investigaciones a modo, ya sea para encubrir a los miembros de su camarilla descubiertos en actos ilegales, o para acusar a sus enemigos de ilícitos que no han cometido, como es el caso del directivo de Segalmex que denunció el desfalco por más de 15 mil millones de pesos; o la construcción de complicidades de quienes, como el secretario de la Defensa, podrían enfrentar su autoridad.
Otro método ha sido la continua agresión a la SCJN a la que busca someter, como lo hizo con el Poder Legislativo, para hacerle leyes a modo o para no cuestionar la legalidad de sus acciones. La inoperancia del Instituto Nacional de Acceso a la Información es la otra parte de la pinza para impedir que los ciudadanos puedan solicitar, revisar o exigir que el gobierno rinda cuentas de su hacer.
Aunque no es nueva su forma de esconder sus “muertos”, como lo fue la reserva de los expedientes del segundo piso en la Ciudad de México, o la corrupción de sus familiares, es patente que Andrés Manuel quiere gozar el regreso y permanencia en su rancho sin ser molestado, con total impunidad; tal como él se la ha garantizado a sus allegados.
Pero la mejor medida para garantizar su impunidad, y la de su camarilla es, sin duda, garantizar el triunfo de su candidato, en 2024.
Andrés Manuel, como Vicente Fox, perdió la oportunidad de acabar con ese cáncer que destruye a la sociedad. Máxime cuando él, desde la su primera campaña presidencial, señaló a la corrupción como la causa de todos los males del país; y que esta era el sello propio del neoliberalismo, lo cual es falso porque antes que del neoliberalismo, ésta era el signo característico del viejo PRI, al que él quiere revivir.
De fondo, la pregunta es ¿a qué le teme el presidente? La respuesta es sencilla: a que se descubra la realidad de corrupción que pretende encubrir con su discurso. Sin embargo, hay un hecho innegable: AMLO busca la opacidad porque quiere garantizar su impunidad y la de los suyos.
Periodista y maestro
en seguridad naciona
