AMLO confunde significados de justicia, Derecho y democracia. Al presidente poco le importa el Derecho, crea su propio significado de justicia y todo lo quiere resolver, según sus propias palabras, por medio de la “democracia” ¡Que sea el pueblo el que decida! ¿Y el Estado de Derecho? Por segunda ocasión mostró su ignorancia e intolerancia ante los resolutivos de las autoridades del INE, al confirmar la cancelación del registro de los candidatos del Presidente para competir por los gobiernos de Guerrero y Michoacán.

No le importa violar la Constitución que le prohíbe participar en tiempos de campaña en pro o en contra de candidatos o partidos políticos. López justifica su “alegato” con base en la democracia e incita a quebrantar el marco jurídico. Dijo que fue un atentado a la democracia la decisión del Consejo General del INE; sin sustento legal tergiversa y destruye las instituciones, al señalar que “en la democracia manda el pueblo, es el poder del pueblo, el pueblo es el soberano, no los aparatos, no las estructuras”. En su inacabada alocución le faltó decir que el “pueblo se organiza y crea sus instituciones para la gobernanza del mismo pueblo”.

AMLO propone sin sustento Constitucional ni legal que los magistrados de la Sala Superior realicen una encuesta telefónica para saber si el pueblo quiere o no a sus candidatos en la contienda. ¡Que decida el pueblo! Vaya exabrupto ¡Propone el Presidente a los magistrados que incumplan con la ley! El populismo lo puede todo. Así lo expresó el mismo López Obrador en alguna ocasión: “al diablo con sus instituciones”. Las instituciones son producto de los gobiernos democráticos. El Presidente gozaría con los tribunales de la época de la inquisición: quemar vivos a los enemigos por “voluntad del pueblo soberano”.

El presidente del Consejo General tuvo que emitir voto de “calidad” dado el empate técnico entre los 10 consejeros. Cumpliendo con el mandato de la sentencia los consejeros ahondaron de manera exhaustiva en los argumentos para reiterar y confirmar la decisión; los magistrados no prohibieron imponer la máxima sanción. Simplemente obligaron al INE a ponderar más y mejor las pruebas para sancionar a los incumplidos, respetando en este caso la facultad de los consejeros para sancionar, anteponiendo el derecho humano de poder ser votados; mas no obligaron al consejo a absolver a cualquiera de los apelantes. El nuevo acuerdo volverá al conocimiento de los magistrados, quienes en esta ocasión tendrán que resolver en definitiva el fondo del asunto.