El escándalo de José Ramón López Beltrán está afectando la viabilidad y continuidad del proyecto político de la 4T. Con cada explicación se enredan más, complican su situación legal en los Estados Unidos y pierden la confianza social.

Para muchos mexicanos este escándalo les ha permitido percatarse de que el Presidente está destruyendo la estructura democrática del país al no existir ya los contrapesos naturales —y sí las complicidades— entre los tres poderes; se está utilizando el poder del Estado para vengar al Presidente; y, cada vez menos los mexicanos pueden ejercer sus derechos.

El Presidente y la 4T están dando muestras de intolerancia al atentar de manera continua contra el ejercicio profesional de los periodistas y contra la libertad de expresión. Sin investigar, acusan a los periodistas de la realidad de la que nos informan, como si la presunta corrupción y el presunto conflicto de intereses fuera causado por dar a conocer la información, no por lo hecho por José Ramón.

La 4T y Morena no han sido sensibles a las lágrimas de los más de 108 mil hogares que han perdido a uno o más integrantes en manos del crimen organizado, ni al dolor de las más de 500 mil familias que han perdido uno o más integrantes a causa del pésimo manejo de la pandemia; ni a la frustración de los padres de familia que ven morir a sus hijos por la falta de medicinas y tratamientos para el cáncer; o a la impotencia de los mexicanos que no tienen qué llevar a su hogar porque han perdido su empleo por causa de las decisiones económicas presidenciales. Pero sí fueron sensibles a la lagrimita del presidente por sus hijos.

Lejos de evitar que el presidente cometa errores elementales como pedir información sobre un particular al INAI, sus amigos y asesores lo han dejado solo. El área jurídica de la Presidencia debió informar a AMLO que dicha solicitud, además de improcedente, podría exhibir la ignorancia o mala fe, si hace de este motivo ocasión de ataque al INAI, como lo ha hecho con otras instituciones autónomas entre ellas el INE.

Las acusaciones de que informar sobre la presunta corrupción en la familia presidencial es parte de una escalada hacia un “golpe blando”, como dijo el Fisgón, encargado de aplicar en México la estrategia cubana y venezolana de los Comités de Defensa de la 4T (Revolución cubana, bolivariana), evidencia que los radicales quieren tomar el control de la situación y cambiar el discurso por uno más violento. Los apoyos de Morena y del senado al Presidente ratifican la línea intolerante y violenta de la 4T, al acusar de traidores a quienes no apoyen al Presidente.

El Índice de Calidad Democrática del semanario The Economist refleja el deterioro político de México, que ha pasado de una democracia imperfecta a un régimen híbrido, y parece dirigirse a un régimen autoritario.

Esto preocupa a algunos porque se confirma que seguimos el camino trazado por el Foro de Puebla y el de Sao Paulo hacia un régimen autoritario como los de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Haití, y hacia el que parecen dirigirse, además de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador y Paraguay, catalogados como regímenes híbridos.

El costo político de estos errores se medirá en la ratificación de mandato y la elección de gobernadores.

Merece atención especial el mensaje del senador republicano Ted Cruz en el sentido de que la situación de México pone en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Periodista y maestro 
en seguridad nacional

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