Debemos advertir la posibilidad de que en este año, incluso antes de que termine su gestión como gobernador, Francisco Domínguez, suba la tarifa del transporte público en Querétaro.

Y lo señalo porque el mes pasado, a pesar de que el director del Instituto Queretano del Transporte, Alejandro Franco comentó que en este año no se contempla un incremento al transporte; agregó que se deberán analizar cuáles son las condiciones económicas de los costos de operación que se puedan dar en los próximos meses.

Debemos recordar que han sido en dos ocasiones en que se han registrado aumentos a las tarifas preferente y general del transporte público, en la zona metropolitana, a partir del 2 de agosto del 2015, dos meses antes del inicio de esta administración estatal y el 26 de diciembre del 2019.

En el primer momento, el incremento pasó de 6.50 a 8 pesos para pago con tarjeta y 8.50 en efectivo. El argumento del entonces director del instituto era que con esta alza “el Estado cumple con su obligación de garantizar la movilidad de miles de ciudadanos”. ¡Pareciera que subir la tarifa fue una demanda ciudadana! Nada más lejano.

La segunda alza pasó a 11 pesos, dándoles una diferente tarifa de 9 pesos a estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.
El propio gobernador lo anunciaba en su penúltimo informe agregando que presentaría una iniciativa de ley para que el subsidio que entrega el gobierno del estado esté protegido y quede garantizado para próximos sexenios.

Claro, además hablaba de la mejora del transporte y mejor trato a los usuarios, con lo que concluía otorgar el mejor servicio de transporte del país.

Pero la creencia de que el mejoramiento de la movilidad en una ciudad, cada vez más expansiva y densa, se resuelve con la sustitución de unidades del transporte público y elevando sus tarifas definen una visión realmente reducida sobre la importancia que el transporte público tiene en la reorganización de la ciudad, o prácticamente de una metrópoli, in crecendo.

Debido a la vinculación del transporte público y sus concesionarios con la política local y, particularmente, con el proceso electoral que se avecina —recordar el papel que los operadores cumplió en las elecciones pasadas a gobernador, donde el conflicto de los conductores fue evidentemente claro— no nos resulta nada extraño que la decisión de subir las tarifas está pensado más en beneficiar a ciertos intereses económicos y no, por supuesto, ni a la ciudadanía, ni mucho menos a una concepción moderna de una ciudad que demanda un transporte público sustentable.

Esta ciudad en expansión cuantitativa y cualitativamente, junto con los municipios que ya prácticamente están fusionados, necesita considerar el de disponer de un transporte que ayude a reducir la contaminación, sea más accesible por su servicio a toda la población, sea más cómodo, produzca menos ruido, tenga mayor capacidad de traslado y ofrezca una ciudad más organizada.

De hecho, habría que considerar, sin duda, la incorporación de la tecnología para desarrollar un transporte inteligente para una ciudadanía que dispone de herramientas avanzadas y más exigente para disponer de un transporte sustentable, con lo que, por supuesto aumenta la calidad de vida.

Así que, no es con el aumento de las tarifas con lo que podamos ingresar a una ciudad más inteligente. Requerimos de un reordenamiento de la movilidad usando la tecnología adecuada. O usted lector, ¿cuál es su opinión?

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