18 / junio / 2021 | 08:04 hrs.

Alianzas y principios

Lídice Rincón Gallardo

Aceptémoslo: todavía la negociación democrática con base en principios que definen identidades políticas precisas y códigos éticos para el servicio público, es más una idea normativa que una realidad institucional en nuestro país. En el Poder Legislativo, las identidades de los partidos se diluyen a causa de una racionalidad instrumental que constituye bloques maleables, atendiendo no al beneficio ciudadano sino a la rentabilidad de las alianzas. Los partidos, sean de izquierda o de derecha, se alían con sus opuestos políticos para aprobar presupuestos, para negociar el apoyo a leyes o para solapar la actuación de funcionarios o funcionarias sobre los que pesa la sospechas. Lo mismo ocurre en épocas electorales: estamos acostumbrados a observar cómo los partidos políticos constituyen bloques que se presentan a las elecciones sin memoria histórica. Es decir que, por ejemplo, en un estado del norte del país podrían estar alineados el partido de derecha y el de izquierda contra el de centro y, al mismo tiempo, en una entidad del sur, podrían hacer alianza el partido de centro y el de derecha contra el de izquierda. Ahora bien, es legítimo que los escenarios locales tengan su propia dinámica electoral y que se realicen alianzas a partir de consensos mínimos. No obstante, lo que siempre observaremos con suspicacia es el fenómeno del camaleón político, es decir, del actor que cambia de principios y de códigos para mejor camuflarse con el entorno.

En democracia, las mayorías no son absolutas. La pluralidad discursiva y el politeísmo de los valores nos han hecho perder la fe en la posibilidad de construir consensos inamovibles y permanentes. Pensemos, de manera espontánea, en cómo muchos de los debates recientes en las Cámaras legislativas en torno a temas como la despenalización del aborto o los matrimonios igualitarios –que implican una revisión pública de las posturas de los partidos políticos frente al paradigma de los derechos humanos– han generado debates ríspidos y han evidenciado nuestra incapacidad de poner nuestras diferencias entre paréntesis para construir acuerdos. No obstante, necesitamos alianzas si queremos gobiernos respaldados por la voluntad popular y con la suficiente fuerza para realizar cambios estructurales.

Frente al panorama anterior cabría preguntar qué tipo de alianzas partidistas queremos de frente a los futuros procesos electorales. En primer lugar, quisiéramos alianzas que privilegiaran los principios antes que la rentabilidad política de las causas. Es decir, que primero se constituyeran las plataformas partidistas y luego se revisaran las coincidencias y disonancias con otras fuerzas políticas, y no al revés. En segundo lugar, necesitaríamos alianzas que promuevan la inclusión de todas las fuerzas políticas en los gobiernos de coalición que resulten y no la polarización extrema. A este respecto, tenemos que vigilar que los gobiernos fundamenten, de cara a la ciudadanía, sus decisiones de colocar o remover funcionarios y funcionarias, independientemente de la opción política que representen. En tercer lugar, quisiéramos que las alianzas partidistas estuvieran precedidas por un debate de frente a la misma ciudadanía, en el que se consultara a las bases militantes. De otro modo, lo que tendríamos serían las tristemente célebres concertacesiones, es decir, las alianzas definidas por intereses privados y fraguadas en la oscuridad.

La izquierda que por definición está comprometida con la lucha por la igualdad y la justicia social, sin duda, debe mantener su identidad; se construirán alianzas, de acuerdo con los idearios igualitarios y las agendas de justicia social, siempre pensando en que las causas que se defienden desde esa posición política –y que no son patrimonio ni de la derecha ni del centro– necesitan de un amplio respaldo social. 

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