Desde que la normatividad en materia electoral lo permite, los partidos políticos pueden fraguar alianzas con otros institutos similares, para sumar votos y para favorecer la gobernabilidad. Al menos en teoría, las alianzas tienen sentido porque los partidos políticos pueden fortalecer la legitimidad de sus gobiernos si es que resultan electos, y porque esto les permite tener un capital político mayor para promover cambios mayores que plasmen las ideologías que sustentan a estos institutos políticos. Es decir, que lo que se busca con las alianzas es reforzar el vínculo que existe entre la ciudadanía y los partidos, en la medida que se crea un mayor respaldo para los gobiernos que emergen de los procesos electorales, con la intención de que se modifique un contexto político que se evalúa como injusto o carente de perspectiva de derechos humanos.
No obstante, en los último años las alianzas entre partidos políticos han sido vistas con suspicacia. Con mayor o menor evidencia, lo que se afirma en estos casos es que a estos institutos poco les importan las afinidades ideológicas o de programas de gobierno, cuando de lo que se trataría es de alcanzar el poder y repartirlo como un botín del que pueden beneficiarse exclusivamente los propios partidos políticos. Y tenemos muchas evidencias para respaldar esta apreciación negativa de las alianzas entre partidos políticos en períodos electorales. Pero, en el caso de las alianzas, tenemos que recordar para qué fueron incorporadas a nuestra normatividad y ver por qué vale la pena seguirles apostando, aunque más allá de la falsa dicotomía entre alianzas de acuerdo a principios y alianzas orientadas por la estrategia electoral. De hecho, me atrevería a sugerir que lo que necesitamos son alianzas de acuerdo a la coincidencia en ideologías y principios doctrinarios, pero que también sean electoralmente redituables y que produzcan gobiernos fuertes de coalición.
¿Cómo serían estas alianzas a que me refiero? En primer lugar, obligarían a las y los candidatos a comportarse de manera responsable y civil, evitando los aspavientos y las posiciones radicales que sólo polarizan a la sociedad e interrumpen el diálogo ciudadano. Después, tendrían que estar atravesadas por el principio de transparencia y rendición de cuentas, lo cual implica que conozcamos siempre que las formas de su financiamiento son legítimas y que, en consecuencia, éstas no sirven a intereses de poderes fácticos. A continuación, las alianzas tendrían que forjarse a partir de las coincidencias mínimas que definen a un Estado constitucional de derechos; es decir, que por ejemplo no tendrían que situar los desencuentros en torno a temas socialmente polémicos –como el matrimonio igualitario o la despenalización del aborto– cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado acerca de la constitucionalidad de ambos derechos. Estas coincidencias son las que fundamentan un Estado legítimo, en el que se protege la vida, la integridad y la seguridad de los ciudadanos, al tiempo que en todo momento se les respetan los derechos humanos. Los partidos políticos que se alían deberían preocuparse entonces por proteger y promover esta serie de valores democráticos y no por cuestionar la extensión y vigencia de los mismos. Finalmente, las alianzas electorales tendrían que constituirse como grandes bloques de legitimidad que se realizan a partir de la demanda ciudadana de frenar el avance de los poderes fácticos. Así, por ejemplo, para combatir al crimen organizado, para evitar las recesiones económicas o para construir una opinión pública al margen de monopolios en los medios de comunicación es que necesitamos gobiernos firmes, que sean el foco de un consenso traslapado entre diferentes fuerzas partidistas.
Por todo lo anterior, quisiera hacer un llamado a la acción política responsable, que derive en candidaturas sólidas y representativas de los intereses ciudadanos. No deberíamos olvidar que los problemas nacionales son muchos y muy grandes, y que no admiten soluciones fragmentarias o que polaricen a la sociedad.
