Era el año 2005, “al diablo con sus instituciones”, dijo López Obrador. En ese entonces, la frase se entendía como protesta. Hoy, es la forma de “gobierno”: sustituir el orden institucional vigente por otro de su propia inspiración.

Las instituciones son el conjunto de reglas formales e informales que estructuran el papel de las autoridades en la vida pública, dan certeza y delimitan el comportamiento de gobernantes y gobernados. A diferencia de los gobiernos que van y vienen, las instituciones permanecen.

Las instituciones son el patrimonio de la democracia, gracias a ellas funcionan las libertades y los derechos que conllevan. Cuando el gobernante impone su voluntad y el ciudadano queda a la deriva, está disminuyendo la democracia y es lo que está ocurriendo en México.

El ejercicio de la democracia permitió la competencia política lo que llevó a que las instituciones se fortalecieran. El Congreso y el Poder Judicial ganaron autonomía e independencia. A estas dos instituciones propias de la democracia representativa se agregaron después distintos entes de autonomía constitucional blindados frente a la voluntad del gobernante en turno. También surgieron organismos de la sociedad civil dedicados al estudio de los problemas nacionales y el activismo en favor de diversas causas.

El Presidente llega a la mitad de su sexenio con otra visión: buena parte de las instituciones fueron creadas por, y trabajan para, un proyecto “neoliberal”, como la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Según el Presidente, tales funcionarios responden a cuotas partidarias o al “proyecto conservador” que les dio vida, como en el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Tampoco hace falta poner estas instituciones en manos de profesionales o expertos, pues gobernar no requiere “de mayor ciencia sino de sentido común”, como en el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, o la Comisión Federal de Electricidad.

Las instituciones autónomas le parecen muy caras y los sueldos que reciben sus funcionarios son inmorales, particularmente los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otras no sirven para nada, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Instituto Nacional del Emprendedor, ProMéxico, Fomento Turístico y, en general, “las llamadas organizaciones de la sociedad civil”.

Hace unos días intentó anular la transparencia a través de un “decreto”, pues no está logrando cumplir con sus 100 compromisos, entre ellos el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas, promesas insignia de su administración. De esta visión se deriva el desaparecer algunas de estas instituciones, desmantelar otras, y darle una nueva imagen o nombre a las demás.

Lo destruido hasta hoy es más que lo construido, los daños son más claros que los beneficios. Al cumplirse los tres años desde el inicio de este gobierno han sido los más violentos de la historia de nuestro país; la desigualdad, la pobreza, la inflación y la depreciación del peso han llegado a niveles que no se veían en décadas; la economía nacional se ha contraído y tanto el sector salud, como el sector educativo se encuentran colapsados. Para seguir con la metáfora: muchas instituciones se están “yendo al diablo”, en efecto, sin que aparezca todavía la transformación prometida.

La legitimidad democrática da para más y no para ejercer el poder al gusto del gobernante en turno ni para socavar las instituciones centrales, que establecen los contrapesos y obligan a la rendición de cuentas.

No podemos esperar a que la autocracia asfixie a la ciudadanía para privarla de la libertad.

Expresidente municipal de Querétaro y exlegislador. @Chucho_RH

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