La polémica renuncia de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), además de desatar las dudas sobre la función de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el presente sexenio, representa la caída de un muro de contención en materia de amparos para funcionarios de administraciones pasadas con cuentas pendientes.
En la mira del titular de la UIF, Santiago Nieto, se encuentra como siguiente objetivo el exconsejero Jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, quien se desempeñó precisamente como coordinador de asesores del ahora exministro Medina Mora en la PGR durante el sexenio de Felipe Calderón.
Además del llamado “consigliere”, que litigaba todo tipo de asuntos de relevancia para el grupo de Peña Nieto en la Corte, funcionarios de la propia Secretaría de Hacienda han ventilado la apertura de investigaciones contra Alberto Elías Beltrán, exencargado de despacho de la Procuraduría de Peña Nieto, y Alberto Bazbaz, quien pasó precisamente por la titularidad de la UIF en la administración anterior y por el ya desaparecido CISEN, el órgano de espionaje oficial del Estado Mexicano.
A estos tres personajes, conocidos como Los Betos, se les responsabiliza de operar la salida de Nieto Castillo de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales, cuando éste se decidió en 2017 a solicitar información sobre transferencias internacionales que presuntamente fueron a parar a la campaña presidencial del PRI en 2012.
El entramado de los presuntos desvíos en los que estarían relacionados estos personajes, como consejeros jurídicos, se inscribe dentro del escandaloso caso de Odebrecht y su relación con el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, a quien por cierto parece que también ya se le dejó de perseguir luego de que su abogado, Javier Coello, amenazara con involucrar al propio expresidente Enrique Peña Nieto.
Más aún, personajes cercanos a la UIF aseguran que el titular de esta oficina responsabiliza a Los Betos de ‘robar’ y distribuir información personal de Nieto, lo que le causó conflictos familiares. A partir de esto, el titular de la UIF ha dedicado casi 100% de su tiempo a la búsqueda de las redes de complicidad que le permitan cercar a los funcionarios peñistas.
“Se la pasa haciendo mapas mentales y descifrando las rutas por las que pudieron estar sacando dinero del país”, asegura una fuente cercana al titular de la UIF, quien lo describe como un funcionario apasionado de su trabajo.
En lo que respecta a las investigaciones, se conoce ya que el gobierno de la 4T indaga una posible red de extorsión operada desde la Unidad de Inteligencia Financiera de Alberto Bazbaz, con el apoyo de despachos de abogados que ofrecían sus servicios para descongelar cuentas a cambio de fuertes sumas de dinero.
Dicha red, según declaraciones emitidas por el propio Nieto, habría sido dirigida desde la Consejería Jurídica de Los Pinos, donde Castillejos indicaba los personajes que debían participar en el presunto proceso de extorsión.
Por otro lado, se indaga también a la familia de Alberto Elías Beltrán. En este caso, a su esposa, quien como propietaria de un despacho jurídico habría sido el destino de diversas transferencias bancarias provenientes del abogado defensor de Guillermo Padrés, justo en las épocas en que se procesaba en tribunales la libertad del ex gobernador de Sonora.
Esta última, según los datos aportados por la UIF, sería la indagatoria con mayor solidez y avance.
Esta cruzada de Santiago Nieto, con pruebas contundentes de actos de corrupción, lo tiene día y noche trabajando y visitando a todos los posibles aportantes de información para poner tras las rejas o dejar en la ruina financiera a todos los operadores jurídicos del ‘clan’ Peña Nieto.
Ya cayeron dos: el ministro Medina Mora y el abogado Juan Collado.
Van por Los Betos.
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