El viernes se efectuó un paro de labores en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) promovido por estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), mismo que rápidamente fue apoyado por otras facultades de la máxima casa de estudios del estado. La razón: mayor atención a las denuncias de violencia en razón de género de la comunidad universitaria, en especial de un caso reciente.

La situación de violencia de género en la UAQ, en Querétaro y en todo el país es evidente. Es claro que en ciertos lugares se presenta con mayor frecuencia que en otros, pero la situación es incuestionable. En este contexto, tanto autoridades en diferentes rubros, como la misma sociedad, debemos actuar para no sólo prestar más atención a la progresiva disminución de la violencia de género, sino para responder con medidas punitivas apropiadas y oportunas cuando el caso lo amerite. Esto es lo que se necesita y exige la comunidad universitaria a las autoridades centrales de la máxima casa de estudios de la entidad.

En la memoria, particularmente de universitarios, resuenan los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 como un momento coyuntural para la comunidad estudiantil y para todo México. La movilización de ese momento derivó en un parteaguas que poco a poco incentivaría la libertad, los derechos y la voz de estudiantes en el país.

Ahora esos ecos han resonado nuevamente en los espacios universitarios, esta vez en la UAQ. La comunidad estudiantil ha levantado la voz y establecido el paro como resultado de la zozobra, el temor y el hartazgo pronunciado que existe por los continuos casos de violencia en razón de género y la falta de atención adecuada por parte de las autoridades centrales para hacerles frente, pero también por la falta de seguridad en el espacio universitario.

En este sentido, el caso de acoso que ha detonado el paro referido es el que involucra a una estudiante víctima y a un estudiante victimario, ambos de la FCPyS. Se señala que la denuncia de la agraviada no fue apropiadamente evaluada por las autoridades centrales de la universidad, a pesar de que la dirección de la facultad dio acompañamiento del caso y notificó que procuró los mecanismos y la asistencia para atender la situación y proteger a la víctima.

La información con la que se cuenta en la actualidad muestra que la atención dirigida a este caso por las instancias competentes y sus recomendaciones —de solamente cambiar de turno al agresor y de formato de clases a la víctima— no fueron suficientes para atender el caso mencionado. Es por ello que pareciera que el caso fuese tomado con desdén y no con la seriedad requerida. De esta manera, la omisión en las actividades y responsabilidades es un punto medular en esta situación y en la desesperación particularmente de la comunidad estudiantil.

La movilización de estudiantes y de las autoridades de la facultad han sido determinantes y muy valiosas para crear conciencia, presión a las autoridades centrales y competentes del caso y, sobre todo, la atención necesaria para combatir y punir la violencia en razón de género. No es un panorama menor en la UAQ y en la misma sociedad, y hay que alzar la voz para que se generen los cambios que necesitamos para vivir con mayor seguridad y tranquilidad tanto en las aulas y pasillos, como fuera de los espacios universitarios.