El 13 de enero se realizará la primera reunión del año de la Conago, a la que asistirán los ocho nuevos gobernadores electos en 2015, entre ellos Francisco Domínguez de Querétaro, y donde los temas que estarán sobre la mesa serán principalmente relacionados a la seguridad: el mando único policial, la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán, el homicidio de la presidenta municipal de Temixco, el fin del plazo de la reforma constitucional para la implementación de los juicios orales en materia penal en junio de 2016, así como la reforma para la creación de la entidad federativa número 32, mal llamada Ciudad de México, y la multiofertada reforma anticorrupción, de la que el PAN ha hecho tanto alarde; sin duda, le saldrá el tiro por la culata con temas de corrupción de sus figuras nacionales, como Ricardo Anaya y sus moches, Jorge Luis Preciado y sus ligues, y Guillermo Padrés y su inexplicable fortuna.

Lamentablemente el asesinato de la presidenta municipal Gisela Mota puso de nueva cuenta en el ojo del huracán, el Sistema de Seguridad Pública mexicano y la necesidad de una reforma en esta materia y en la administración de justicia en todo el país. Este lamentable hecho, entre otras cosas, dejó en claro la corrupción y la impunidad que se vive en gran parte de los 2,450 municipios del país, pero también abrió nuevamente la discusión sobre el Mando Único, que parecía temporalmente olvidada, pues después del asesinato de la munícipe, en el mismo estado de Morelos el presidente municipal de Cuernavaca y el gobernador de Morelos, durante días se enfrascaron en pleitos que inundaron los medios a nivel nacional. La discusión fue lamentable porque lejos de abonar a la obtención de un resultado positivo, se convirtió en un escándalo mediático que exhibe la paupérrima calidad del debate entre los gobernantes de este país, independientemente de su filiación política.

La coyuntura de esta discusión, puede convertirse en una oportunidad para los gobernadores y la Conago, y sus ayuntamientos en todo el país, pues la realidad de los cuerpos de seguridad pública es deplorable, principalmente en el nivel municipal, donde los cuerpos de seguridad han sido infiltrados por la delincuencia en gran parte del país. Prueba de ello, son las cifras que delatan impunidad, corrupción y omisión por doquier. Actualmente es muy bajo el porcentaje de los delitos denunciados y el resto quedan extraviados en la cifra negra; las fiscalías y los poderes judiciales en la gran mayoría de los estados están colapsados por la excesiva carga de trabajo, la falta de personal, dinero e infraestructura; la justicia civil y administrativa está secuestrada por procesos burocráticos que hacen perder a la economía local millones de pesos; los policías laboran en condiciones poco favorables, con ingresos menores de 10 mil pesos mensuales en los mejores casos, turnos de 24x24 horas, sin servicio profesional de carrera ni prestaciones y equipo adecuado, y con un grave rezago en materia de certificación.

Este escenario revela que la discusión entre gobernadores y ayuntamientos debe ir más allá del Mando Único. El debate está incompleto por ahora; hace falta fortalecer el Sistema de Seguridad Pública y de administración de justicia de manera integral y coordinada en todo el país, y Querétaro no puede ser la excepción, sobre todo ahora que los niveles de inseguridad han aumentado en la entidad y en la Zona Metropolitana de la capital por el proceso de crecimiento de la ciudad, que atrae inversión y nuevos pobladores, pero también los problemas de las grandes metrópolis, entre ellos la delincuencia. En este sentido, el debate debe centrarse en cómo alcanzar un verdadero desarrollo social, en el que las instituciones policiales y judiciales recuperen la credibilidad de la sociedad, de tal manera que se trascienda a los gobiernos y partidos políticos, para evitar que la corrupción siga creciendo a medida que se sube en la pirámide, pues la reacción es inútil, cuando las respuestas se aplican de manera tardía y se trata de castigar a destiempo a quien resulta envuelto.

En algunos países de Latinoamérica, donde la democracia tiene una dosis pequeña de verdad y una inmensa dosis de maquillaje, buena parte de las instituciones públicas tienen niveles de aceptación muy pobres. La policía, la política y la justicia son mal calificadas por los ciudadanos, y como consecuencia la moral pública se vuelve opaca, disoluta y difícil de identificar y promover. Es momento de cambiar la percepción de la policía y los tribunales, el reto está en manos de los gobernantes, y un primer paso es que los temas más sensibles seguridad pública y estado de Derecho, como el Mando Único, la modernización de las fiscalías, los tribunales, y la implementación de los nuevos sistemas de justicia, no sólo penal sino también la civil, familiar, laboral y administrativa, sean definidos de manera pronta y coordinada entre la federación, los estados y municipios, rompiendo las inercias de los cotos de poder, en beneficio de la ciudadanía.

Abogado y profesor de la Facultad de Derecho, U.A.Q.