Cuando se mira lo que sucedió con la sucesión presidencial de 2018 salta a la vista que algo grave sucedió en el país en los años previos, para que la ciudadanía votara por un cambio de rumbo. Varios de los problemas del país se agravaron, sobre todo porque los gobiernos de Calderón y Peña Nieto se dedicaron a administrarlos, pero no a resolverlos. La corrupción creció, pero la impunidad protegió a los delincuentes; la violencia aumentó y sólo se han administrado sus efectos, la pobreza se ha enfrentado mediante programas sociales, pero se ha mantenido en las mismas proporciones. En el nudo de estos problemas se ubican las demandas más urgentes de solución, y los retos más importantes del actual gobierno.

Empecemos por la pobreza. Estudios elaborados con metodologías sofisticadas, como las que ha realizado el Coneval, muestran una enorme continuidad en los porcentajes de pobreza; según este consejo entre 2008 y 2018 el “número de personas en situación de pobreza pasó de 49.5 a 52.4 millones de personas”. El gran logro es que la pobreza extrema bajó en esos 10 años de 11% a 7.4%, pero la pobreza en general se mantuvo. Con toda la inversión en programas sociales, cuyo mecanismo más importante fue el llamado POP (Progresa, Oportunidades, Prospera) que se implementó con la lógica de focalización y transferencias condicionadas, no se logró bajar los niveles de pobreza en general, por lo cual algunos estudiosos consideran que estamos ante una suerte de “institucionalización de la desigualdad” (Enrique Valencia y Máximo Ernesto Jaramillo, “El Programa de Progresa-Oportunidades-Prospera en el régimen de bienestar dual mexicano”, Coneval, 2019). Ese tipo de políticas y programa sociales han llevado a una administración de la pobreza, no a su combate. Los cambios en la estrategia de programas están metidos en un momento complicado de transición. Siguen las transferencias, ahora directas, sin embargo, también hubo un incremento al salario, como una buena señal. ¿El actual gobierno dejará de administrar la pobreza y sus programas la bajarán de forma importante o seguiremos en las mismas?

La violencia es una carga que todos los días muestra la enorme descomposición del país. Muchas voces han señalado que la estrategia que implementaron los dos gobiernos anteriores, fracasó. Sin embargo, en los primeros cinco meses de este gobierno las cifras apuntan hacia un incremento de los homicidios dolosos que llegan a 14,510 por lo que 2019 apunta a ser el año más violento. De igual forma han subido los feminicidios y las extorsiones. ¿La nueva estrategia y la Guardia Nacional podrán revertir la tendencia o será más de lo mismo? ¿Cuánto tiempo es razonable esperar para que el nuevo gobierno tenga resultados positivos?

Parece que la corrupción ha empezado a dejar de lado el manto protector de la autoridad: la impunidad. Los casos de Collado, Lozoya y ahora Rosario Robles ¿muestran un cambio en la ruta de la impunidad? Aquí tenemos las puntas más visibles del iceberg de corrupción que presuntamente se cometió en el sexenio pasado. El mecanismo fue desviar recursos públicos a través de montos asignados a universidades públicas, para terminar canalizados, quién sabe a dónde, bajo la careta de empresas fantasmas. Así lo hizo el gobierno federal y varios gobernadores. El caso de Robles es emblemático por la investigación a cargo de la Auditoría Superior de la Federación, que reporta un fraude de 7 mil 670 millones de pesos (Animal Político). Mucho se ha especulado sobre si el encarcelamiento de Robles se trata de un linchamiento político o de una acción de la justicia. La nueva fiscalía tendrá que demostrar que no estamos ante una repetición de las viejas purgas (la Quina o Gordillo), sino ante un cambio que rompe con los pactos de impunidad que tanto daño le han hecho al país. ¿Estaremos realmente ante el rompimiento de la impunidad del pasado?

El reto de la 4T es empezar a resolver esos problemas y dejar de patear el bote. Ya veremos…

Investigador del CIESAS. @AzizNassif

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