La ausencia de respuestas frente a las desapariciones forzadas, los feminicidios y, en general, a la sistémica violación de los derechos humanos a diferentes grupos de la población en México, revela la construcción de estructuras burocráticas administradoras de la violencia, antes que instituciones dirigidas a instrumentar procedimientos transparentes de justicia, donde los derechos humanos poco tienen que ver con los derechos de las personas.

La primera derrota sufrida con la privación de los derechos humanos es la fractura del tejido social y político que da cobijo a las personas que pierden a un ser querido, en el que construyeron su lugar de pertenencia, sus afectos, su vida. La segunda pérdida está vinculada a la privación de la protección legal del gobierno y reivindicación de la dignidad de la víctima y sus seres cercanos. Y, el tercer perjuicio es quedar excluido de la acción de la justicia.

La toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la Ciudad de México, por parte de colectivas feministas y familiares de víctimas, y su réplica en las oficinas locales de Ecatepec, Estado de México; así como la clausura simbólica de las sedes de Michoacán, Veracruz, Aguascalientes y Puebla, en los últimos días, muestra el coraje de estas personas ante la incompetencia e indiferencia de las autoridades para resolver una legítima demanda. Más allá de la denuncia de la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, quien acusa a grupos de mujeres vinculados a Felipe Calderón de tomar las instalaciones para destruir expedientes de casos en proceso (politburó-digital.com, 9 de septiembre de 2020), lo cierto es que el actual gobierno muestra poca empatía para resolver el problema de la violencia hacia las mujeres y la búsqueda de respuestas a los desaparecidos.

Mientras el gobierno de Andrés Manuel López Obrador persista en minimizar este grave y estructural problema, la aprobación y apoyo popular a su gestión continuará disminuyendo. Tratar a las mujeres como seres superfluos y desechables, podría devenir en un arma de doble filo. Valdría la pena recordar que, al 27 de marzo de 2020, la lista nominal del INE registra un total de 90,036,367 ciudadanos, de los cuales el 52 por ciento son mujeres, lo que equivale a 46,646,871, personas del padrón electoral. A lo anterior, es preciso añadir un hecho ineludible: la acción política de las mujeres. Tras años de desigualdad expresada en la falta de reconocimiento social, económico y político, aprendieron formas de organización y resistencia para sobrevivir a un Estado que las excluye convirtiéndose en fuertes adversarias.

Hoy, la ciudadanía necesita respuestas concretas por parte del gobierno mexicano, saber que sus derechos están garantizados. Evadir este compromiso, implica alentar a la ciudadanía a la desobediencia civil. Ejercicio que abona poco a la construcción de un Estado de derecho y al respeto por las instituciones democráticas.