A lo largo de la historia de México, la inmunidad de los servidores públicos ha sido muchas veces confundida con la impunidad para poder hacer y deshacer cualquier actividad sin que represente para tales servidores públicos una consecuencia jurídica.

La incorporación de la figura del fuero tiene como antecedente la Constitución de Apatzingán de 1814, la cual protegía a los diputados por aquellas opiniones vertidas en ejercicio de sus funciones; sí, con responsabilidad administrativa, pero para el caso de responsabilidad penal sólo por los delitos de “herejía”, “apostasía” y “por los de Estado”, es decir: infidencia, concusión y dilapidación de los caudales públicos.

Ya en la Constitución de 1917, y plasmado en su artículo 109, se establece la facultad para que la Cámara de Diputados conformada en un gran jurado pueda decidir si autoriza o no a iniciar un procedimiento contra el acusado.

El gran candado jurídico-político que en su momento se estableció llamado “declaración de procedencia” significa que para que un funcionario pueda enfrentar un proceso, primero debe pasar por un largo proceso de desafuero por la cámara de diputados —lo que el juego de intereses hace imposible que esto avance—.

Hoy existe en la Cámara de Diputados federal una larga discusión y debate en torno al tema; para muchos políticos —sin decir las causas— existe la preocupación de que la declaración de procedencia pueda ser eliminada y así poder enfrentar un proceso penal sin que medie un trámite previo en el recinto legislativo.

De aprobarse dicha iniciativa, los servidores públicos podrán enfrentar el proceso por el cual son acusados en libertad, pero una vez que la sentencia cause ejecutoria perderán los beneficios de dicha inmunidad.

Existen otras batallas por ver, una es la relativa a la añeja discusión del juicio político —a mi gusto obsoleta— y la concerniente a la independencia de los órganos de procuración de justicia del Ejecutivo.

La próxima semana veremos el resultado de dicha discusión, lo cual es un primer paso histórico para que los ciudadanos perciban que los privilegios de los políticos serán eliminados por completo.

Director general de ArtMol Consultores y Servicios