Eliminar los reales y potenciales adversarios, a aquellos que pueden poner en riesgo el avance del modelo político del nuevo socialismo iberoamericano, es parte de la estrategia que vienen siguiendo los partidos afiliados al gastado Foro de Sao Paolo y a su nueva versión, el Foro de Puebla, liderado por AMLO.
El patrón seguido tiene varios frentes: conquistar espacios de poder a partir de abatir electoralmente a los partidos de oposición y a sus líderes, acusándolos de corruptos, incongruentes, y generando un fuerte rechazo social hacia ellos.
Corromper a los mandos de las fuerzas armadas mediante la entrega de cargos de poder, el uso discrecional de recursos y la construcción de obras públicas. Cuando se oponen a alguna medida gubernamental son auditados, se evidencia a los corruptos útiles, se les desprestigia frente a la tropa y se les reemplaza por mandos leales.
Otro frente más son los empresarios, a quienes se acusa de explotación, de enriquecerse a costa de la pobreza del pueblo; orillados por la persecución, cierran o venden sus empresas y huyen del país.
Un frente más complejo es la Iglesia, porque su poder es moral, espiritual y cultural; por lo que requieren más tiempo y recursos para someterla. Una forma de ataque consiste en enfrentarla con las denominaciones cristianas leales al régimen y con sectores sociales que se sienten victimizados por su “intolerancia y rigidez” doctrinal en materias que, dicen, afectan “sus libertades”. Otra manera es legislando en materias contrarias a los principios religiosos: divorcio, aborto, eutanasia, libertinaje sexual, ideología de género, liberación del consumo de drogas, e incluso violentando su estatus de autonomía —propio de la libertad religiosa—, el cual les permite definir sus propias normas, regularse a sí mismas y definir su estructura.
Otro recurso consiste en acosar a los ministros de culto con protestas en las ceremonias religiosas, cuando estos señalen errores, abusos, violaciones de derechos humanos, incongruencias o expresen ideas u opiniones contrarias al gobierno; o críticas hacia sectores que se digan marginados de la comunidad eclesial. Buscan acabar con la libertad de expresión de los ministros de culto —propia y necesaria a la libertad religiosa— y espantar a los creyentes para que no acudan a los templos. Y, en su caso más extremo, ser omisos (o cómplices) en la pinta, destrucción de imágenes y mobiliario, o la quema de templos.
La reciente iniciativa impulsada por la diputada federal de Morena, Reyna Celeste Ascencio Ortega, representante de la comunidad LGTB ante la Cámara de Diputados, para adicionar a la fracción IV del artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, para que se infraccione y sancione a “Las asociaciones religiosas o ministros de culto que profieran expresiones o actos de discriminación en contra de las personas con motivo de su identidad sexual o expresión de género para proteger a la población de la diversidad sexual”, parece formar parte del patrón de intolerancia arriba descrito.
Aunque la reforma legal quedó como: “Promover la realización de conductas contrarias a la salud o integridad física de las personas o ejercer respecto de estos actos de discriminación”, subsiste la discrecionalidad gubernamental para determinar si hay “actos de discriminación” y cómo sancionarlos, incluyendo la pérdida total de derechos.
Como que AMLO también quiere parecerse a Plutarco Elías Calles.
Periodista y maestro en seguridad nacional
