El 6 de enero de 1915 se promulgó la Ley Agraria, la cual fue piedra angular de la nueva legislación constitucional del Estado mexicano. Tal acción le correspondió a Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista, en la ciudad de Veracruz, capital de la República en ese momento.
Este documento recoge los ideales de los revolucionarios de la época, tales como formación de la pequeña propiedad, la disolución de los latifundios y la restitución a los pueblos las tierras de las que habían sido despojados.
La ley estableció los precedentes de la creación de autoridades agrarias, así como la plataforma del Artículo 27 de la Carta Magna de 1917. En este artículo se contemplaron las bases para iniciar la reforma agraria, el desarrollo de la pequeña propiedad, el fomento de la agricultura y la prevención de los recursos naturales.
A partir de este nuevo marco legal en México, se inició un proceso de creación de instituciones que dieron sentido y rumbo al naciente Estado mexicano actual. En el ámbito agrario se instituyó la Comisión Nacional Agraria (CNA) y la creación de comisiones locales agrarias y de comités particulares ejecutivos.
Entre ellas estaba la creación del ejido como modo de reparto de tierra entre los campesinos, y cuyo espíritu se mantiene en la Constitución vigente. Durante el resto del siglo XX la Ley Agraria ha sido una de las banderas del país. Hoy en el siglo XXI, a 101 años de su promulgación, cobra vigencia por su sentido de justicia social.
Y de eso se trata este recordatorio, y no es un asunto menor. Esta ley significó mucho para los mexicanos, y su expresión de sus ideales en políticas públicas fue un reconocimiento obligado.
Si bien la tierra ha sido repartida y a la reforma agraria se le intentó —en el pasado reciente— darla por concluida oficialmente, me pronuncio por una postura más moderna sobre esta visión, y a la cual me adhiero sobre la implantación de una política de desarrollo rural.
Y en ello, estriba el verdadero valor de celebrar esta ley. Si bien la posesión de la tierra ha sido invertida diametralmente, donde hoy son más de 30 millones los propietarios de la tierra, contra los 840 dueños de 1910 que tenían la propiedad del 97% de la tierra de la nación.
A pesar de que cambió esta situación, en 2016 los desafíos siguen siendo mayores.
Ya no trata de la posesión de la tierra —aun como reto central—, se trata de la calidad de vida de los mexicanos que sobreviven del campo o de la agroindustria.
Es sensato reconocer que estamos frente a un gobierno de la República, que, a través del Registro Agrario Nacional, ha regularizado más de mil núcleos agrarios, generando más de 300 mil documentos de propiedad para ejidatarios en tan sólo tres años.
Sin embargo, para que la Ley Agraria de 1915 sea una realidad tangible en la casa de cada uno de los hombres y mujeres del campo en México, se tienen que modernizar las instituciones, adecuar la actual Ley Agraria, tecnificar al campo y establecer políticas públicas que transformen el modo habitual de llevar los procesos productivos del campo y su industrialización.
Hoy, el nombre de la ruta a seguir es la de la competitividad y la sustentabilidad de la producción agrícola, sin ellas como objetivos centrales poco avanzaremos.
Qué podemos hacer en un futuro inmediato, primero mantener la certeza jurídica en la tenencia de la tierra en todos los modelos existentes de la propiedad social, la privada y de los proyectos de inversión.
La otra veta de gran oportunidad para el campo es la posibilidad que se ha abierto con las reformas estructurales aprobadas por el Congreso mexicano, procurando una participación sin precedente en las ganancias por extracción de hidrocarburos y del gas, además de apoyar con créditos accesibles, y con una mayor certidumbre en los mercados de granos.
En eso estriba esta remembranza de la Ley Agraria, para decirnos que aún tenemos mucho por hacer, cada uno en su espacio y sus recursos. Los mexicanos podemos y con visión de largo alcance lo haremos mejor.
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