A una persona en Querétaro le tomaría 54 años poder comprar una casa, si le destina la tercera parte de su sueldo a ello, de acuerdo con un informe de Política Colectiva y el Instituto de Estudios Sobre la Desigualdad (Indesig), quienes consideraron tanto el precio promedio de la vivienda en cada estado, como el sueldo promedio reportado, sin considerar intereses.
Querétaro se posicionó en el lugar número 7 de los estados del país en los que más tiempo tardaría una persona en adquirir una casa.
El primer lugar lo ocupó Morelos, con 71; mientras que el segundo fue la Ciudad de México, con 65 y el tercer lugar fue Oaxaca, con 63.
Los precios promedio fueron tomados del Índice de la Sociedad Hipotecaria Federal y los sueldos, de la información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
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“La vivienda, más que un derecho, se ha transformado en un bien de inversión para los sectores con mayor poder adquisitivo, como el 1% de la población de mayores ingresos, que percibe casi un millón de pesos por persona al mes”, detalla el informe.
El Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), es el gravamen que se paga por la compra de una vivienda, inmueble o propiedad, y para el caso de la capital queretana es el impuesto que más ingresos significa. El porcentaje superior al 23% de los ingresos propios generados por el municipio es el más alto a nivel nacional, de acuerdo con el documento, elaborado por dichas organizaciones.
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De acuerdo con la información analizada, entre 2005 y 2023, los precios de la vivienda a nivel nacional se incrementaron en un 51%, en términos reales; mientras que los salarios cayeron un 21%. De ahí la desproporción entre ingresos y posibilidades reales de acceder al derecho a la vivienda en el país.
“Esto se traduce en una brecha creciente entre el costo de acceso y la capacidad económica de las personas. El resultado es una exclusión sistemática del mercado inmobiliario formal de las y los jóvenes, que son empujados hacia esquemas precarios de vivienda o renta”, exponen.
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El estudio observó la información generada en 54 ciudades, entre 2021 y 2023, en donde se analizan los ingresos a los municipios, generados por el pago de estos impuestos en 31 estados de la República. Las organizaciones dieron cuenta de que hay un punto de oportunidad para recaudar impuestos a quienes adquieren viviendas con fines de lucro y no para habitarlas.
“Lo justo es que al menos paguen un impuesto por cada vivienda extra que compran y que, decidamos juntas, cómo con ese dinero podemos mejorar los servicios y equipamientos de quienes ya nos toca vivir más lejos, pero también para buscar que no se sigan expandiendo más las ciudades”, detallaron.
