En los últimos años se ha registrado una situación que ha generado un impacto a las finanzas públicas de las entidades federativas del país.

Varios gobiernos locales han tenido un incremento en su gasto operativo, principalmente cuando se han realizado elecciones, sostienen especialistas.

Ante esa situación, la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales defiende a las administraciones estatales bajo el argumento de que han tenido la necesidad de endeudarse para complementar su gasto público.

“Hay varios estados que han tenido que complementar su gasto con el tema del financiamiento”, reconoció Tirso de la Gala Gómez, presidente Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.

El también secretario de Finanzas de Campeche enfatizó que esa tendencia puede continuar hacia adelante, porque hay programas en donde se ve complicado solventar sus montos y los gobiernos se ven en la necesidad de recurrir al financiamiento o tener mayores acciones para recaudar localmente.

Tirso de la Gala Gómez argumentó que las facultades potestativas de las entidades federativas están muy acotadas y tienen pocas posibilidades de cobrar impuestos.

Agregó que los recursos que se generan van a la federación, desde donde se distribuyen bajo varias fórmulas en donde predomina la poblacional.

Para Alejandro Olivo Villa, analista de la calificadora de riesgos de Moody’s, en los estados donde se registraron elecciones para elegir a gobernador se registró un deterioro de las finanzas locales, producto de un incremento en el gasto corriente.

“Veo que hay una misteriosa correlación entre un incremento del gasto operativo que venimos viendo desde el año pasado, pero con números preliminares en 2012, que muestra una presión adicional del gasto operativo”, aseguró el analista de la calificadora Moody’s.

Agregó que los gobiernos que realizaron comicios, el pasado 1 de julio, registraron un incremento del gasto corriente y de servicios personales, mientras el gasto de inversión permaneció estable.

José Antonio Quesada, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), expuso que la Secretaría de Hacienda necesita conocer todos los empréstitos que se dan, cuándo concluye una administración, los cuales no están identificados. “No están en un padrón como prestadores de servicios y entonces cuando llega un nuevo gobierno, puede llegar un empresario o un prestador de servicios y le dice, oye, yo te presté todos estos servicios, ahora págamelos en tal fecha”, dijo.

El líder de los ejecutivos dijo que se necesita tener un padrón avalado de toda la deuda que se contrata, la cual se tiene que presentar en el “famoso libro blanco”.

La finalidad, afirmó Quesada, es que el gobierno que llega conozca los pasivos reales y los proveedores.

El presidente del IMEF expuso que hay varias entidades federativas que están en problemas financieros, en donde si se viera la viabilidad según sus participaciones, necesitarían una serie de ajustes y renegociaciones de su deuda.

“Necesitamos tener un mejor control de las finanzas estatales”, enfatizó.

Pedro Carreón, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), dijo que si el gasto de fin de sexenio se realizó en infraestructura se convierte en un factor positivo, ya que generará flujo en los siguientes años.

“Pero si se despilfarró el dinero, se cometió un error. No se puede generalizar en todos los estados, por poner un ejemplo y porque vivo aquí. En el Distrito Federal sí se ven las obras. En otros estados no sé en qué se lo gastaron, habría que ver en qué lo hicieron para ver si fue productivo”, expuso el fiscalista.

Falta transparencia

Carreón dijo que en las entidades federativas falta mucha transparencia.

“Finalmente son recursos que se amparan en impuestos que se van a recaudar con posterioridad, si se hiciera un Fobaproa estatal tendría que haber un candado y ser más eficientes en el destino de esos gastos para que, de alguna manera, inhibir ese tipo de préstamos”, dijo.

Aseguró que la Ley de Contabilidad ayudará a generar más credibilidad.

José Antonio Quesada, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), consideró como muy importante el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tenga un control de los préstamos que asumen las entidades federativas.

Añadió que también se tiene que tener información precisa de los gastos que realizan los gobiernos locales.

Aseguró que la Ley de Contabilidad Gubernamental le dará transparencia al manejo de las finanzas estatales.

Sin embargo, el directivo del IMEF expuso que en nuestro país todavía se tiene una etapa muy primitiva.

“Aquí todavía estamos en una etapa más primitiva, porque vamos del asunto de la ley de contabilidad gubernamental donde no todos los municipios ni los estados la cumplen y llegamos al tema de cómo medir el endeudamiento en forma pareja y consistente”, dijo.

El analista de la agencia calificadora Moody’s, Alejandro Olivo Villa, explicó que la iniciativa de reforma a la Ley de Contabilidad Gubernamental es una buena noticia para el país.

“Todo lo que contribuya a facilitar la interpretación de los números y cuentas de los estados y municipios es bienvenida… es bueno que se tenga que informar de la deuda con proveedores, los pasivos contingentes, los reportes trimestrales”, agregó al tema el especialista.

Más tiempo

El especialista de Moody’s, Alejandro Olivo Villa, dijo que si los presidentes municipales tuvieran más tiempo en el gobierno podría haber una mayor recaudación del impuesto predial.

Olivo Villa destacó que hay una baja recaudación del impuesto predial, situación que podría ser producto de un débil marco institucional, referido al hecho de impedir la reelección y la corta duración de las administraciones locales.

“Al menos con un año más, se podría tener más incentivos para abordar ese tipo de esquemas… la vida de las administraciones locales es muy corta”, enfatizó el especialista.

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