Caracas.— El empeoramiento de la calificación de riesgo de Venezuela es resultado de erradas políticas de controles y expropiaciones de su gobierno, que se suman a la reciente caída del precio del petróleo, coincidieron economistas locales.
El economista Alexander Guerrero explicó al respecto que el empeoramiento de la calificación de la deuda venezolana es el resultado de la percepción a nivel internacional de que el quinto país productor mundial de crudo está “quebrado”.
Guerrero sentenció que “la situación es insostenible, Venezuela está quebrada y eso no es culpa de la caída del petróleo”, argumentó el analista sobre la caída del precio internacional, que de 100 dólares en junio cayó a menos de 40 dólares el barril esta semana.
Recordó que desde la llegada al poder en abril de 2013 del presidente Nicolás Maduro el nivel de riesgo del país petrolero ha mantenido una escalada sostenida por el incremento de los controles gubernamentales.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro ha denunciado que su país sufre un “bloqueo financiero” que le impide acceder a los mercados de deuda internacionales ante las exorbitantes tasas que tendría que cancelar.
El bloqueo, sostuvo el mandatario, sería el complemento a una “guerra económica” que localmente genera repuntes periódicos de la escasez y una escalada inflacionaria causada por el sector privado y la oposición para mermar su popularidad.
Sin embargo, el economista Maxim Ross señaló que el cierre de los mercados internacionales a la compra de deuda venezolana es un resultado previsible después de 16 años de controles de cambios y de precios, así como un discurso hostil al sector privado.
“Hablar de una conspiración internacional contra Venezuela es tan absurdo (...) ¿cómo va a tener crédito internacional un país que ataca la inversión?”, cuestionó el catedrático retirado de la pública Universidad Central de Venezuela (UCV).
Sobre la posible razón que puede haber detrás de la denuncia de Maduro, Ross apuntó a que el mandatario recurre a la “propaganda” como una manera de evadir responsabilidades tras 16 años de erradas políticas económicas que mantiene la “revolución bolivariana”.
