La falta de una política pública en materia de desarrollo urbano provocó que más de 50% de la construcción de casas se haya dado mediante la invasión de terrenos, sobre todo en núcleos agrarios, y que al paso del tiempo se han convertido en los llamados asentamientos irregulares en el país.
La mitad de las viviendas se han edificado en ejidos o comunidades agrarias, mediante la invasión de terrenos cuya superficie total es hoy igual a la empleada por empresas desarrolladoras en la construcción legal de unidades habitacionales.
De acuerdo con el estudio Estado Actual de la Vivienda en México, coordinado por el Centro de Investigación y Documentación de la Casa (CIDOC) y Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), el problema podría agravarse si se toma en consideración que en los próximos 25 años se requerirán 553 mil hectáreas para satisfacer la demanda habitacional; de esa superficie, 65% del suelo potencialmente urbanizable será de origen ejidal o comunal.
Sara Topelson de Grinberg, subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial de Sedesol, comentó que esta situación se da por la localización de un importante número de ejidos en áreas cercanas a grandes centros poblacionales.
Se trata, según el estudio, de un círculo vicioso que ha crecido más rápido al de la ocupación formal de terrenos, especialmente en los sectores de menores ingresos.
La Procuraduría Agraria señala al respecto que la irregularidad en la tenencia de la tierra representa más de 65% del crecimiento urbano nacional y de este universo, cerca de 80% es producto de la necesidad de vivienda de sectores marginados, cuyas familias subsisten con ingresos menores a los 3 salarios mínimos.
Topelson precisa que esta situación confirma que el suelo es factor estratégico para el ordenamiento de nuestras ciudades y del país.
El estudio que fue presentado el pasado 9 de octubre, indica que la ocupación irregular de terrenos de origen social, surge como una consecuencia natural de falta de planeación urbana, y de un divorcio “inexplicable e injustificable” entre el marco legal agrario y el marco legal urbano, que se traduce en la inexistencia de oferta de tierra y vivienda en el mercado formal en la cantidad y precio que la sociedad demanda.
Organismos que participaron en la elaboración del citado estudio como Conavi, Infonavit, Fovissste, BBVA Bancomer, Habitat Internacional, Coalition America Latina (Hic-Al), Joint Center for Housing Studies de Harvad y Sedesol, coinciden en que la renuncia de las autoridades a aplicar y adecuar el marco legal se tradujo en la legitimación sistémica de conductas ilícitas que han determinado el crecimiento de zonas urbanas a un costo económico y social sin precedentes en los llamados asentamientos irregulares.
En México, según Topelson, existen 29 mil 942 núcleos agrarios que poseen 103 millones de hectáreas, de los cuales 27 mil 664 son ejidos con 86.5 millones de hectáreas y 2 mil 278 comunidades con 17 millones de hectáreas más.
El estudio señala que durante los próximos 25 años se requerirán 553 mil hectáreas para satisfacer la demanda de vivienda en el país, lo que significa generar un promedio de 22 mil 121 hectáreas anuales.
