Más Información
El Centro Nacional para la Prevención de Desastres Naturales (Cenapred) señala que por su ubicación geográfica, nuestro país está propenso a recibir la fuerza de todo tipo de fenómenos naturales con efectos muy desfavorables. El mismo centro refiere que en México, cuando ocurren los desastres, hay una alta vulnerabilidad no sólo para el territorio, sino también en la sociedad y la economía.
Entre pérdidas humanas y daños a la infraestructura, el impacto en la economía nacional se refleja en el ritmo y dinámica que viene con el mercado. El Cenapred estima que en los años de 1990 las pérdidas económicas por estos fenómenos se cuantificaban en unos 500 millones de dólares anuales. Muy distantes están esas cifras de los cerca de 70 mil millones de pesos que en pérdidas estimadas han dejado “Ingrid” y “Manuel” a su paso por gran parte del territorio nacional. Frente a estos escenarios, la misma autoridad puede verse rebasada ante una sociedad demandante de auxilio y un sector empresarial impactado en su dinámica económica.
Es por ello que ante estas circunstancias, la organización espontánea y la solidaridad de los actores nacionales se hace presente para llenar el hueco que alguien debería de cubrir lo más rápido posible y restaurar el entorno. Sin embargo, la persistencia de lluvias torrenciales en el país por fenómenos meteorológicos en el Atlántico y Pacífico ha arrojado un gran número de damnificados e incalculables pérdidas para la sociedad y también para los sectores productivos. Las regiones afectadas muestran en su conjunto impactos diversos en sus respectivos rincones. Sin duda alguna, reflejarán su magnitud en los agregados macroeconómicos.
En alusión a ello, tan sólo considerando el impacto en distribución de bienes y servicios, los estudios del Cenapred también refieren que la interrupción de entrega de mercancías y su transportación, impactan a través de un incremento en su costo, el cual oscila entre un 20% y 50%. Esto refleja que en una perspectiva de daños se han cuantificado pérdidas adicionales en al menos 700 millones de dólares durante años atrás.
Los daños en infraestructura de comunicaciones y transportes son múltiples. Entre ellos destacan deslaves, caída de puentes, inundación de carreteras y otros tantos hechos que afectan la transportación terrestre, no se diga la aérea y desde luego la marítima. Estas circunstancias se reflejan en las dificultades de transportación de personas hacia distintos puntos del país y del extranjero y muestran a la vez una afectación en las actividades económicas. Por las secuelas de estos fenómenos, debe proseguir —además de fortalecerse— la prevención y la sincronización de políticas de administración y control de grandes desastres. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes señala que en el país hay 374 mil kilómetros de carreteras y caminos, entre ellos 49 mil de cuota y 40 600 son libres.
En febrero de 2013 se registró en el reporte sobre Infraestructura de Transporte 2013-2018, de la SCT, que el 80% se encuentra en buenas condiciones para su utilización. En la escala del Informe Global de Competitividad 2012-2013 del World Economic Forum, la calificación de las carreteras del país se encuentra en términos de la calidad de infraestructura con un puntaje de 4.5 (siendo 7 el número más alto). En ellas se transporta al 55% del total de la carga que se mueve al país y también se desplaza a 96% de pasajeros que transitan de un punto a otro.
Imaginemos la variación que se dará en estos indicadores al concluir la emergencia, desde luego, sin dejar de considerar el esfuerzo financiero y material para su restauración. Para concluir, la experiencia que dejan estos desastres de gran magnitud es que, requerimos como país, incrementar la cultura de prevención con un mayor sentido de corresponsabilidad. Una sociedad mejor preparada reducirá la afectación de estos fenómenos en su entorno y contribuirá a limitar sus efectos en la economía nacional. Desde la academia, la libre empresa, el gobierno y la sociedad civil, todos juntos, con iniciativas de perfil preventivo, corresponsable y solidario, podremos construir un país más poderoso y mejor preparado para hacer frente a estas calamidades.
*Académico de la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro
