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El fenómeno de la inseguridad y violencia en México, tiene un impacto de carácter territorial en el crecimiento, desarrollo y competitividad, así lo reveló un estudio en materia de seguridad, justicia penal y competitividad, que realizaron la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, dijo que el estudio arrojó como resultado, que los efectos de la violencia y de la inseguridad, “tienen un marcado carácter territorial y están muy localizados”.
Gurría detalló que México es el país con la tasa más alta de asesinatos de las naciones pertenecientes al organismo aunque sostuvo, es dónde existe mayor disparidad regional y la incidencia está bien localizada, “por ejemplo, la tasa de asesinatos en Chihuahua es 56 veces superior a la de Yucatán”, explicó.
“Esta disparidad regional se refleja también entre el vínculo del delito y otras variables socio económicas, eso significa que las políticas relativas a la seguridad y justicia deben de concebirse de manera horizontal y abordar las múltiples causas de los delitos”, agregó.
“Pero también se deben de abordar de manera local para ajustarlas a los rasgos específicos de cada estado y de cada municipio y esto aplica también para la ejecución de dichas políticas, ya que el tema del crimen es muy local”, abundó.
“El análisis hace incapié en que sólo lo que se puede medir se puede administrar y se puede mejorar, está basado en datos estadísticos confiables que tiene que ser transformados en pruebas capaces de generar políticas públicas”, aseveró.
“El fenómeno del crimen organizado, sí tiene un impacto sobre el crecimiento, desarrollo, creación de empleos, calidad de vida y competitividad de México pero insisto en que no hay que decir que en todo México sucede lo mismo”, dijo el secretario general de la OCDE.
“El estudio lo que hace es sistematizar información existente, propone un sistema de indicadores pero no pretende evaluar el desempeño de gobiernos estatales en seguridad y justicia”, reveló el funcionario internacional.
Por su parte Juan Pardinas, director general de Instituto Mexicano para la Competitividad, dijo que el punto central del estudio es que no se contaba con suficiente evidencia, para juzgar el desempeño de los gobiernos estatales en este rubro.
“Este es un esfuerzo para poner luz sobre las áreas en las que tenemos que generar sistemas de información que nos permitan saber hacia dónde vamos, qué estamos haciendo bien y qué podríamos hacer mejor, cada uno de las entidades y como país”, reiteró Pardinas.
El directivo reveló algunos datos que fueron tomados para la elaboración del estudio, “el promedio nacional del porcentaje de los presupuestos estatales destinado a justicia penal es de 6.4%, pero hay una gran dispersión en los estados”, dijo.
“Sin embargo hay dos datos alarmantes, uno es relacionado con las asignaciones presupuestales para justicia penal por habitante, el promedio es de 60 dólares por persona en 2011, si pagamos esa cantidad, probablemente recibiremos una justicia penal de esa cantidad”, alertó.
“El otro dato es el relacionado con la tasa de población en prisión esperando sentencia, esta cifra me parece particularmente brutal, a nivel nacional es del 44%, tal vez antes de pensar en construir nuevas prisiones deberíamos pensar en tener un sistema de justicia más pronto y expedito que nos permitiera reducir esta cifra”, concluyó.
