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Una reforma a medias

Vida Q 07/07/2014 00:03 Actualizada 03:30

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A finales del primer año de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer la Iniciativa de Reformas a la Constitución en materia de Telecomunicaciones y Competencia Económica, en la cual definió tres objetivos generales:

1.— El fortalecimiento de los derechos vinculados con la libertad de expresión e información y el establecimiento del derecho de acceso a nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda ancha.

2.— La adopción de las medidas de fomento a la competencia a televisión abierta y restringida, radio, telefonía fija y móvil, servicios de datos y telecomunicaciones en general.

3.— La generación de condiciones para incrementar sustantivamente la infraestructura y la obligación de hacer más eficiente su uso, lo cual tiene un impacto directo en la baja de precios y en el aumento de la calidad.

Después de tres meses de negociaciones entre los partidos políticos, el jueves 3 de julio, en una sesión en la cual no se dio lugar a la discusión de las reservas del dictamen, fue aprobada, en lo general, en comisiones del Senado, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con 25 votos a favor, cinco en contra y cerca de un centenar de reservas. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión debe reglamentar la reforma constitucional en la materia, promulgada en 2013.

Durante la sesión, integrantes del “Colectivo por el Derecho a la Comunicación” (Codec), “Radio Ajusco”, “Revista Hashtag” y “El Grito más fuerte,” al interior del Salón de Plenos de la Comisión Permanente del Congreso, manifestaron sus objeciones a la referida ley.

El siguiente paso será la discusión, en lo particular, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el pleno del Senado. Si las leyes secundarias de la reforma en telecomunicaciones resultan aprobadas, tendrán que pasar por un proceso similar en la Cámara de Diputados. Para el análisis y discusión de la ley se convocó a un periodo extraordinario de sesiones, a partir del 8 de julio.

El senador Javier Corral, miembro de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, denunció que la legislación va contra la reforma constitucional y a los objetivos de la Iniciativa de Reformas a la Constitución en materia de Telecomunicaciones y Competencia.

Resulta contraria al fortalecimiento de los derechos vinculados con la libertad de expresión e información. Un ejemplo de ello son los artículos relativos a la geolocalización en tiempo real de un teléfono celular, o que las empresas guarden un registro de las comunicaciones de sus usuarios hasta por dos años.

Además, resulta contraria al propósito de estimular la competencia. En los hechos, el declarar empresas preponderantes por sector y no por servicios, impide toda posibilidad de competencia en la televisión restringida, pues Televisa no podría ser declarada preponderante en radiodifusión como sí las empresas de Carlos Slim en el sector de telecomunicaciones.

Por lo anterior, Corral concluye que el proyecto “no confirma sólo la batalla ganada por las televisoras, confirma el fracaso del Estado para imponerse sobre los poderes fácticos”.

Los gobiernos de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón decidieron postergar la reforma de los sistemas de radiodifusión y telecomunicaciones. Quizá pensaban que la continuidad del panismo dependía de no afectar los intereses de los llamados “poderes fácticos”. Su equivocación fue tan rotunda.

Efectivamente, resulta loable contener y limitar el monopolio de Carlos Slim. ¿Cuándo el Estado procederá de forma similar con Televisa?

Doctor en Ciencias Sociales. Investigador y consultor en la Dirección Adjunta de Innovación y Conocimiento de Infotec.