Juventudes de SOS Discriminación Internacional Querétaro solicitaron a integrantes del Congreso local que realicen una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Querétaro, a efecto de tipificar como delito todas las formas de discursos de odio.
La petición tiene la finalidad de sancionar aquellas expresiones verbales, digitales o gráficas que promuevan el odio hacia los diferentes grupos vulnerables afectados por la discriminación derivada de prejuicios y estigmas que atentan contra la dignidad humana de las y los jóvenes, mujeres, colectivo LGBT, grupos indígenas y afrodescendientes, personas con discapacidad y adultos mayores, entre otros.
La misiva fue dirigida a Beatriz Marmolejo Rojas, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos; Daniela Salgado Márquez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, Grupos Vulnerables, y José Raúl Chávez Nieto, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte.
En el documento señaló que al penalizar los discursos de odio se contribuirá también a proteger las vidas de las personas históricamente afectadas por actos discriminatorios que no sólo ponen en riesgo la dignidad de los seres humanos, sino su derecho a la vida libre de violencia.
Los discursos de odio, dice, generan crímenes a causa de la orientación sexual, género, edad, discapacidad, entre otros.
En ese sentido, es importante recordar que la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), es un referente para poder tipificar como delito todas las formas de discursos de odio, pues define el delito de odio como:
“Acto criminal motivado por el sesgo o el prejuicio hacia un grupo particular de personas”, por lo que todo delito de odio tiene que reunir dos requisitos: “(I) que el acto constituya un delito bajo el derecho penal, y (II) el acto esté motivado por el prejuicio”.
“Esperamos que nuestra solicitud sea atendida para que las personas afectadas por los discursos de odio puedan defenderse y que el estado de Querétaro sea la primera entidad que cuente con la primera legislación que prohíba y sancione las actividades, propaganda o expresiones que inciten, practiquen o promuevan discursos de odio generados por los prejuicios”, pide.
Agrega que buscan “fortalecer la educación incluyente que fomente la autoestima de las personas y el respeto a las diferencias a través del aprendizaje de los derechos humanos, así como constitucionales de igualdad para aprender a vivir en una sociedad pacífica libre de prejuicios y cualquier forma de violencia”.
