Ramón Rodríguez Huitrón, periodista de la fuente policiaca en Querétaro, presentó una denuncia en contra de un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora (SSPMC) y del juez cívico municipal por las agresiones físicas y amenazas de muerte de las que fue objeto el pasado fin de semana.

El reportero, junto con otras dos personas, fue detenido y presentado ante un juez cívico por la comisión de presuntas faltas administrativas; sin embargo, Rodríguez describió que la detención fue arbitraria, que los policías mintieron en los motivos de la detención, que fue golpeado y recibió amenazas en contra de su persona y de su familia.

Este lunes, a raíz de la carpeta de investigación que se abrió en la Fiscalía General del Estado, acudió al médico legista para dejar registro de los golpes que recibió; la denuncia está en manos de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos con el número CI/QRO/29005/2019.

Además, el reportero informó que acudirá ante el Órgano de Control Interno del municipio de Corregidora (Contraloría) para que se inicie la investigación administrativa del actuar del juez

Describió que al llegar en calidad de detenido al Juzgado Cívico tuvo que solicitar una llamada telefónica, pues no se le informaron sus derechos, además de que no se le expidió comprobante de la multa que pagó para que lo dejaran libre.

El sábado pasado, sobre la carretera a Tlacote, el periodista fue detenido luego de intentar registrar (en video) el presunto abuso de autoridad que cometían policías de Corregidora en contra de compañeros del reportero; acusaron a uno de ellos de generar daños a una unidad policiaca e internar darse a la fuga.

Explicó que tras la detención, él y sus compañeros fueron golpeados, escupidos e insultados, incluso un oficial de apellido Pacheco le dijo “no sabes con quién te metes, voy a acabar contigo y con tu familia”.

Según la versión de la SSPMC, que dio a conocer mediante un boletín de prensa, la detención se hizo apegada a protocolos, por la comisión de faltas administrativas (sin aclarar cuáles) y que los detenidos presentaban aliento alcohólico (aunque no se realizó ninguna prueba de alcoholemia).

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