El comisionado estatal del Sistema Penitenciario, Miguel Ángel Contreras Álvarez, informó que una enfermera que trabajaba en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Juan del Río fue puesta a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR), por introducir al centro tres celulares y droga.
“A ella se le detectaron tres celulares y una porción de droga, a consecuencia de ello fue puesta inmediatamente a disposición de la Fiscalía”, informó Contreras.
El comisionado indicó que la empleada tenía dos años trabajando dentro del Cereso y al intentar introducir objetos prohibidos e ilegales, fue descubierta por personal de seguridad, lo que obligó a dar parte a las autoridades federales.
La enfermera fue ingresada al Centro de Reinserción Femenil y posteriormente obtuvo un amparo para continuar su proceso en libertad, subrayó el comisionado, quien añadió que la presunta responsable se sometió a exámenes de control y confianza.
“Todo el personal que integra la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, principalmente las áreas de seguridad y los directivos, son sometidos a exámenes de control y confianza”, explicó.
Indagarán cuotas. Esta detención es prueba de las constantes revisiones y controles que se tienen en el centro, para evitar que se introduzcan objetos prohibidos, resaltó Contreras Álvarez, al informar que se iniciará una investigación interna por denuncias sobre “cobro de cuotas” para que internos puedan utilizar teléfonos celulares en el centro.
“Esa es la prueba de que cualquier persona, sea quien sea, si intenta introducir de manera ilegal algún artículo prohibido a algún centro penitenciario de inmediato será puesta a disposición de la Fiscalía”, mencionó.
Las denuncias las realizaron internos en una carta que circuló en redes sociales, en donde señalaban a personal de seguridad, a la enfermera detenida y a subdirectores del propio Cereso como responsables de “cobrar cuotas” a los reclusos para que pudieran usar celulares en las instalaciones.
“Ante la Fiscalía no hay una queja en ese sentido, ante esta comisión tampoco hay una queja formal, sin embargo, nosotros vamos a iniciar una investigación de oficio interna, para deslindar algunas responsabilidades si es que existen”, señaló Contreras.
El comisionario enfatizó que los celulares están prohibidos en el centro y ninguna persona, ya sea interno, trabajador o familiar, puede tener un aparato telefónico en su poder, por lo que a todas las personas que ingresan se les hace la revisión correspondiente, apegada a derechos humanos.
