La titular de la Contraloría de San Juan del Río, Catalina Calva informó que a partir del segundo semestre de este año, el órgano consignará ante la Fiscalía o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, las conductas irregulares de gravedad que sean detectadas en los procesos de revisión de cuentas públicas.
Agregó que las dependencias serán las encargadas de fincar responsabilidades en contra de los funcionarios o ex servidores públicos que resulten culpables.
Explicó que la coordinación, entre las tres áreas, forma parte de las nuevas disposiciones que los órganos de control interno municipales deberán acatar, a partir de que entre en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción
“Vamos a tener diferentes tipos de consignaciones, ya sea hacia el tribunal o bien a la fiscalía, vamos a trabajar diferente debido a que intervienen otras instancias”, comentó.
Agregó que las sanciones que no representen una gravedad seguirán a cargo de la Contraloría y de los regidores del ayuntamiento; sin embargo, el tipo de castigos serán acorde a un catálogo federal, que forma parte de la Ley Nacional Anticorrupción.
La funcionaria aclaró que la gravedad de las irregularidades que cometan los funcionarios no estará supeditada al daño económico por monto, sino al tipo de agravios cometidos de acuerdo con las nuevas disposiciones.
“Con la reforma tendremos un catálogo de sanciones que nos va a regir, se van a diferenciar las conductas mayores de las menores y vamos a turnar las sanciones, de las conductas menores, a los regidores para que ellos las aprueben”, afirmó.
Con respecto a la estructura de la Contraloría, dijo que habrá una separación de las áreas de investigación y sanciones, pero la primera conservará sus atribuciones de fiscalización.
Catalina Calva descartó que estas acciones signifiquen una disminución de las actividades de la Contraloría; por el contrario, consideró que la carga de responsabilidades aumentará en este órgano de control interno.
Sin embargo, negó que se requiera contratar más personal en esta área del gobierno municipal, pero reconoció que sí se debe capacitar a la plantilla laboral para que esté lista ante la entrada en vigor de las nuevas disposiciones en materia de sanciones por hechos de corrupción.
Actualmente, la Contraloría tiene cien procesos de revisión por irregularidades que fueron detectadas en cuentas públicas pasadas y deberán resolverse bajo los procedimientos actuales.
La contralora desestimó que con la aplicación de la ley anticorrupción se agilicen las sanciones por las irregularidades que comentan los funcionarios, debido a que la norma contempla poner a disposición conductas irregulares que pueden llevar un largo tiempo en ser corroboradas o rechazadas.
