Más Información
Integrantes de la Unión Cívica Felipe Carrillo Puerto se manifestaron en Pie de la Cuesta, previo a un evento oficial presidido por el gobernador Francisco Domínguez Servién.
Pablo González Loyola, líder de esa agrupación, aseguró que nunca buscó un beneficio económico para sí mismo ni que se pusiera a su nombre el predio ofrecido para establecer a los comerciantes.
En entrevista, González Loyola también negó que haya personas fallecidas entre los nombres de los demandantes del amparo para regresar a la Alameda, y aclaró que sí había la propuesta de entregar un predio, pero surgió del gobierno del estado. Esta vía de solución ya la habían aceptado los comerciantes, pero las autoridades ya no dieron respuesta al caso, dijo.
“El ofrecimiento inicial es del secretario [de Gobierno], se trataba de una propuesta que nosotros aceptábamos siempre y cuando se concretara, nosotros nunca hemos estado cerrados al diálogo, no tenemos ninguna respuesta, fue interrumpido el diálogo, fuimos recibidos por el director de Desarrollo Político y poco antes del plazo de los 30 días de prórroga no volvimos a tener ninguna llamada”, explicó.
La presencia del gobernador en el evento, dijo, fue para entregar el documento donde exponen la propuesta que hizo el secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres, y la aceptación de la misma por parte de la Unión Cívica, la cual no se concretó porque, aseguró, el propio estado interrumpió el diálogo.
La propuesta hecha por la secretaría fue la entrega de un predio ubicado en avenida Cerro del Sombrerete para el acondicionamiento de un tianguis o mercado para el ejercicio del comercio, como parte de la propuesta de solución alternativa.
“En la respuesta que damos aceptamos la propuesta general (hecha por el secretario) para recibir un predio para un proyecto que permita el comercio de abasto popular, que nos dé certeza jurídica en la ocupación, posesión y derechos para un ejercicio más seguro de esta actividad [del comercio]”.
Al respecto, detalló que lo único que esperaba la asociación era la formalización de la entrega que incluía, según las propias autoridades, servicios públicos, agua y drenaje, así como piso, además de autorizar un sistema de tianguis.
Agregó que las declaraciones de Juan Martín Granados respecto de la supuesta intención de Pablo González por obtener un beneficio personal y del nombre de un fallecido entre los demandantes de la Unión, son falsas.
“Queremos aclarar que son imprecisas, y falsas por lo tanto, las declaraciones que hemos conocido del secretario general de Gobierno, en relación a que hay fallecidos, podemos asegurar que no firmó ningún fallecido, ninguna persona fallecida solicitó amparo en relación al desalojo, podemos dar los nombres”, aseguró el líder.
Postura del gobierno estatal. Sobre el tema, el secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres, expresó que habrá diálogo directo cuando haya razonabilidad “cuando el señor líder [Pablo González] quiera platicar con honestidad, con razonabilidad, sin pensarse dueño de lo que es propiedad de los queretanos, con todo gusto volveremos a dialogar; las propuestas están en los juzgados”.
El gobernador Francisco Domínguez recordó que ya había advertido del uso de todos los instrumentos jurídicos y que llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación les llevará al menos seis meses.
“Se los anuncié: que de ninguna manera vamos a permitir que regresen a la Alameda, esto es todos los queretanos […] lo hemos logrado; este proceso se va a ir seis meses como mínimo y esto da a que el municipio pueda hacer una negociación, pero sin ninguna ventaja y no en la Alameda”.
