En la entidad más de 50 procesos de regulación de igual número de asentamientos humanos se mantienen sin avance debido a que no cumplieron con los requisitos de urbanización y factibilidades para el otorgamiento de certeza jurídica a favor de quienes habitan en ellos, aseguró el delegado del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS) Manuel Sánchez Gómez.
El funcionario dijo que hay procesos con más de 15 años de haber iniciado, de manera irresponsable por instancias gubernamentales; se trata de zonas desarrolladas en terrenos con vocación agrícola y que hasta ahora no cuentan con las condiciones para su regulación.
Dichos asentamientos se encuentran en su mayoría en Querétaro y le sigue el municipio de Corregidora, así como San Juan del Río. En cada asentamiento son posibilidad de regularse, habitan de 10 a 20 familias.
“Lo delicado es que estos procesos de regulación se iniciaron porque en su momento las autoridades les prometieron la certeza jurídica a las familias, fue una irresponsabilidad, porque vemos que hasta la fecha, ninguna dependencia les ha aprobado la regulación porque es evidente que no cumplían los requisitos, estas personas se quedaron de 10 a 15 años esperando escrituras”, indicó.
Explicó que a partir de 1985 se disparó el crecimiento poblacional en el municipio de Querétaro, lo que propició la generación irregular de asentamientos y en algunos casos, los particulares compraron a bajo costo extensiones de tierras agrícolas para luego especular con ellas, a través de la generación de lotes para vivienda, sin que estas zonas contaran con servicios básicos. Con el paso del tiempo, en estos sitios no se pudo introducir agua, drenaje o alumbrado, manteniendo la situación irregular.
Manuel Sánchez reconoció que, en su momento, los tres órdenes de gobierno incurrieron en irresponsabilidades al prometer la regulación de estos asentamientos a pesar de que nunca reunieron los requisitos para contar con esta certeza jurídica.
Con el apoyo de dependencia federales, este año iniciará la regulación de 163 asentamientos ubicados en todo el estado y que reúnen las características y cuentan con servicios para la obtención de certeza jurídica.
El delegado del INSUS dijo que, con las reformas a la Ley General de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano, se busca frenar el crecimiento anárquico de los municipios y a dar certeza jurídica a los habitantes que se encuentran en sitios adecuados para la regulación.
Agregó que con las nuevas reformas, en relación con la desaparición de la propiedad social para constituirse en pequeña propiedad, se busca ayudar a los ejidatarios que tengan la intensión de vender sus tierras, a adoptar el dominio pleno, cambiando sus certificados parcelarios a títulos de propiedad pero de manera ordenada y que estos cambios solo se apliquen para zonas que sean aptas para vocaciones diferentes a la agrícola.
“Con estas modificaciones prácticamente se prevé la desaparición de los ejidos a través de la adopción del dominio pleno, que será una de las facultades que tendremos en el INSUS, cuidar estos trámites para evitar el mal uso de estas tierras, en caso de que se quieran vender y no cuenten con características para el desarrollo de vivienda”, señaló.
Recordó que anteriormente se iniciaban los trámites para obtención de títulos de propiedad y luego de ello, los propietarios vendían sus tierras a costos muy bajos, a petición de los especuladores que más tarde buscaban lucrar con las tierras y generar pequeñas lotificaciones para el desarrollo irregular de zonas habitacionales y esto es lo que se busca revenir, dijo, a través del INSUS.
Advirtió que, aunque las zonas ejidales puedan obtener títulos de propiedad y con ello se facilite el desarrollo de vivienda en zonas anteriormente agrícola, el INSUS y la Sedatu prohibirán la generación de áreas habitacionales cuando la vocación deba seguir siendo agrícola y cuando dichas extensiones territoriales se encuentren en zonas de riesgos o de difícil acceso a servicios de urbanización.
El INSUS, dijo, busca salvaguardar los intereses de las clases sociales desprotegidas, como son los ejidatarios que venden su tierra muy barata y que lo único que se genera con ello es la especulación y problemas de crecimiento poblacional desordenado.
La Sedatu y el INSUS apoyaran para que en caso de que se adquieran los espacios de tierra, de manera coordinada con los municipios y con los inversionistas, se realicen los procesos de entrega de dominio pleno y la lotificación si se reúnen las condiciones, en caso contrario, frenar las ventas y cambios de dominio pleno para no afectar las zonas agrícolas.
