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Querétaro es el quinto estado en donde menos ejecuciones se registran a pesar de la colindancia que se tiene con Guanajuato, entidad que ocupa el primer lugar en este tipo de delitos de alto impacto, reporta Semáforo Delictivo.
En su informe anual que dio a conocer este jueves, se precisa que en los 11 primeros meses de 2018 se contabilizaron en el todo el país 20 mil 535 ejecuciones, de las cuales casi el 14%, es decir, 2 mil 844, se cometieron en el estado de Guanajuato, que ocupó en dicho periodo el primero lugar nacional en este tipo de delitos de alto impacto.
A pesar de compartir frontera con municipios guanajuatenses como es Apaseo El Grande y Apaseo El Alto, donde se da un alto número de ejecuciones, en Querétaro se registraron en el periodo referido 85 ejecuciones , equivalentes casi al 0.4% del total nacional.
Con las cifras referidas, Querétaro es el quinto estado del país en donde menos ejecuciones se presentaron durante los primeros 11 meses de 2018.
Las entidades federativas que concentraron el mayor número de ejecuciones son: Guanajuato (2 mil 844), Baja California (2 mil 005), Guerrero (mil 775), Jalisco (mil 240), Veracruz (mil 230), Michoacán (mil 204), Chihuahua (mil 109) y Estado de México (835).
Mientras que los ocho estados con menor número de ejecuciones son: Yucatán (15), Campeche (19), Aguascalientes (56), Tlaxcala (80), Querétaro (85), Durango (87), Baja California Sur (168) e Hidalgo (171).
El reporte presentado indica que en total se cometieron 28 mil 816 homicidios el año pasado, lo que equivale a un incremento de 15% respecto a 2017, con más de 33 mil víctimas o el equivalente a 90 muertes por día. El peor de los últimos 20 años.
Se estima que el 80% de los homicidios registrados en el país son ejecuciones que se cometen por el control territorial del mercado de drogas. “Este es el principal problema de violencia en México y la única manera de resolver esta tragedia es regulando drogas para quitarles el negocio a las mafias”, puntualizó Santiago Roel, director del Semáforo Delictivo.
“Nos preocupa muchísimo que no se acabe de entender el tema por parte de la nueva administración y ahora además se insista en la militarización de la Guardia Nacional. La regulación de drogas es la manera correcta de combatir al crimen organizado y la única manera de regresar al Ejército a los cuarteles. Creímos que el Presidente y su equipo lo entendían así, pero vemos que han tomado la dirección contraria y ahora se incrementa el riesgo al elevar la militarización a rango constitucional”, consideró Roel.
“Se nos vuelve a insistir en un diagnóstico equivocado, como si todo el tema de seguridad fueran las ejecuciones, como si todas las autoridades estatales estuvieran colapsadas, y como si la única solución fuese la fuerza bruta y el choque frontal. No es así.
“Cada delito tiene tratamiento diferente, hay policías locales que han hecho un magnífico trabajo. Un mercado de drogas no se combate con policías o con ejército, sino con regulación. Si México regula drogas, la tasa de homicidios bajaría un 80% y tendríamos una tasa cercana a 5 homicidios por cada 100 mil habitantes, en lugar de 23, como cerró el 2018”, precisó.
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