En los primeros días de junio, en Querétaro fallecieron más personas en incidentes de tránsito que por causa del Covid-19, dijo Sergio Olvera León, vocero del Observatorio Ciudadano de Movilidad de Querétaro.

Refirió que el pasado 16 de junio se cumplió el plazo de seis meses para que el Congreso promulgará la Ley Nacional de Seguridad Vial, garantizando así lo establecido en el artículo cuarto de la Constitución.

Dicha norma, afirmó, garantiza el derecho a una movilidad segura, saludable, sostenible y solidaria.

“Querétaro es un caso especial que merece atención. En los 10 días previos fallecieron más personas en incidentes de tránsito que por causa del Covid-19, [se trata de] una pandemia que las autoridades no han querido atender”, afirmó.

Y agregó: “Los motivos son conocidos: impericia en la conducción, tanto en clima seco como lluvioso, hacerlo alcoholizado o revisando el móvil, exceso de velocidad, así como el no respeto a la señalética vial”.

Por ello, subrayó el funcionario, es urgente resolver esta problemática y, entre otras acciones, establecer cursos de manejo desde el gobierno estatal, con exámenes rigurosos y costosos en términos económicos.

“No podemos seguir confiando en familiares o personas cercanas para que nos enseñan a manejar, [pues se trata de] algo que va mucho más allá de saber echar a andar y frenar un vehículo. [Además], 16 mil personas fallecen anualmente por accidentes en México, situaciones que nos cuestan 27.5 mil millones de dólares anuales, 3% del PIB”, detalló.

Un hecho que no puede seguir siendo ignorado, dijo, es el diseño y construcción de vialidades, donde se privilegia la velocidad individual por encima de la seguridad colectiva.

Las mejores prácticas a nivel global, aseguró, están apuntando a la velocidad máxima en vías rápidas a 50 km/h, y de 30 y 20 km/h en el resto.

Para garantizar su cumplimiento, indicó, hay diversas medidas que incluyen señalética, videocámaras y fotomultas, reducción de carriles y dimensión de ancho, así como barreras físicas y visuales que impidan a los vehículos desarrollar velocidades por arriba de los 50 km/h, así como fuertes sanciones económicas y penalización a los puntos de la licencia, que constituyen un disuasivo real, por infringir leyes y reglamentos de tránsito.

También, subrayó, se requieren auditorías de seguridad vial, campañas de concientización, mapas georeferenciados de “puntos rojos” donde más incidentes viales ocurrren, así como una nueva cultura vial que nos invite a usar de manera responsable el auto. “Es algo que esperamos del Poder Ejecutivo, estatal y municipal”, dijo.

Una de las personas fallecidas se desplazaba en bicicleta. La movilidad ciclista es uno de los grandes pendientes de la administración municipal, concluyó.

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