En el país, en los últimos cuatro años, los feminicidios crecieron 138%, reportó la Fiscalía General de la República (FGR) en voz de Roberto Andrés Ochoa Romero, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Legales y Amparo, durante su participación en la primera sesión ordinaria 2020 de la zona Occidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Expuso que ninguna autoridad puede hacer caso omiso para enfrentar esta problemática, cuyos números evidencian la violencia que sufren las mujeres en el país.
Aseguró que, de cara al Día Internacional de la Mujer, la lucha de las mujeres “hoy más que nunca adquiere un gran valor, no sólo por la constante búsqueda de condiciones de igualdad, sino por la grave situación de violencia por razones de género que amenaza todos los días a las mujeres y niñas”.
Dijo que como muestra de tal execrable realidad, entre los años 2015 y 2019 el delito de feminicidio aumentó 138% en México.
Por ello, dijo que las instituciones de procuración de justicia no pueden permanecer indiferentes ante cifras que evidencian “esta situación perturbadora”, por lo que es obligación de las autoridades la mejora de las capacidades de investigación y persecución de cualquier delito contra las mujeres.
Los resultados, dijo, se garantizarán si se mantiene la estrecha relación entre las fiscalías de los estados y la FGR, a fin de impulsar acciones que consoliden sociedades seguras.
El funcionario federal confirmó que se desarrolla una iniciativa que permita homologar los criterios para clasificar y tratar los feminicidios en todas las entidades.
“Por esta razón es que en la FGR se desarrolla un gran esfuerzo de estudio y análisis con el acuerdo de las y los fiscales estatales para estandarizar el tipo penal de feminicidio, que permite evitar la multiplicidad de criterios en el Poder Judicial que no ayuda, o abona muy poco, para una correcta impartición de justicia”.
Conminó a generar políticas públicas de largo alcance que consolide la seguridad de las mujeres y niñas del país, además que garantice el debido proceso de las personas detenidas y procesadas para evitar la violación a los derechos humanos.
Agregó que existen grandes retos para los entes encargados de la procuración de justicia, pues las nuevas formas de organización criminal conllevan a adecuar los códigos penales para enfrentar conductas que pudieran no encajar en alguna conducta identificada como delictiva.
“Garantizar el pleno acceso a la justicia, lo cual debe motivarnos para trabajar en coordinación para consolidar transformaciones sólidas y profundas, de largo aliento; no podemos olvidar las exigencias justas que demandan resultados inmediatos, no hay espacio para la negligencia, mucho menos para la simulación”, señaló Ochoa.
