Con base en resultados obtenidos mediante investigaciones científicas y policiales, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro obtuvo 17 órdenes de cateo, mismas que fueron ejecutadas durante las últimas horas en distintos puntos de la zona metropolitana de Querétaro.
Las investigaciones están relacionadas con diversos hechos ilícitos ocurridos en las últimas semanas. En estas acciones participaron cerca de 200 elementos, entre personal de la fiscalía estatal (fiscales, peritos y policías investigadores), agentes de la policía estatal y de las policías municipales de Querétaro y Corregidora.
Derivado de estas acciones se cumplimentaron cuatro órdenes de aprehensión y siete personas fueron aseguradas en flagrancia de la comisión de hechos ilícitos.
Además, de acuerdo con los reportes oficiales, durante los cateos se aseguró un importante número de indicios criminalísticos directamente relacionados con los hechos que se investigan, entre los que resaltan armas de fuego, drogas y más de 400 mil pesos en efectivo, presuntamente producto de la venta de narcóticos.
Asimismo, se obtuvieron indicios suficientes para solicitar a la autoridad judicial dos órdenes de cateo más.
Las diligencias se llevaron a cabo en las colonias Menchaca II, Nueva Creación, Loma Bonita, San Pablo, Las Flores, Centro, La Era, Los Héroes, El Milagrito, Casa Blanca, Bosques del Cimatario, Reforma Agraria, Fraternidad de Santiago y Lomas del Valle.
A una semana de robo.
El pasado martes 18 de julio, alrededor de las 23 horas, entre tres y cinco sujetos irrumpieron en el módulo de seguridad ubicado en el Parque Industrial Benito Juárez, amagando al único policía que se encontraba en este espacio. A causa de este ilícito, se decretó la alerta en los tres niveles de gobierno que convergen en el estado de Querétaro, así como las entidades vecinas.
De acuerdo con la corporación policiaca, el módulo no contaba con operación nocturna.
Las autoridades estatales declararon que serán las investigaciones de la fiscalía, de las instancias del ámbito administrativo, incluso de la Procuraduría General de la República (pues las armas conllevan necesariamente una licencia federal) las que determinarán el grado de responsabilidad de los elementos de seguridad en este caso.
