La fracción del Partido Acción Nacional (PAN), en el Congreso local, propuso castigar a quienes pongan en riesgo de contagio a la población, y a quienes discriminen o agredan al personal médico.
El grupo parlamentario también propuso castigar —con mayor severidad— a quien convoque a saqueos y cometa violencia intrafamiliar durante el tiempo de pandemia, entre otros delitos.
Durante una conferencia de prensa, la diputada local Verónica Hernández explicó que “se pretende una modificación al artículo 127 bis-1 del Código Penal, en el que se amplían las conductas y elementos del delito de peligro de contagio, incrementando la pena de tres a seis años de prisión y de tres a seis meses de trabajo a favor de la comunidad a todos aquellos que sabedores de padecer una enfermedad grave, en periodo infectante [estén en contacto con otra persona], sin que la víctima u ofendido tenga conocimiento”.
También, dijo, se propone la modificación del artículo 143, sancionando a todo aquel que omita prestar el auxilio necesario a quien se encuentre desamparado y en peligro manifiesto en su persona.
“En Querétaro buscamos proteger al personal médico y de salud que está librando la batalla contra el coronavirus —en primera instancia— por lo que se creará un agravante para castigar la discriminación en contra de personal de servicios de salud públicos o privados, seguridad o protección civil”, comentó.
Además, apuntó, se impondrán penas de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo a favor de la comunidad; y de cincuenta a doscientos días de multa a quien los discrimine.
La legisladora agregó que se dispone que el delito se perseguirá de oficio si la conducta se presenta durante una emergencia sanitaria, acción que se manifestará en el artículo 170, por lo que también se podrá aumentar la pena hasta en una mitad de la prevista.
Asimismo, se pretende modificar el artículo 213, con el que se incrementaría la base de la pena de uno a tres años, para los delitos cometidos contra servidores públicos, y adicionalmente se impone hasta seis meses de trabajo en favor de la comunidad.
Para evitar un entorno de inseguridad e incertidumbre al sector comercial, “se creará el tipo penal para castigar con prisión —de tres a seis años— y de 500 a mil días de multa a quienes convoquen, organicen, promuevan o difundan, por cualquier medio, la coordinación o ejecución de saqueos, robos o cualquier acto violento contra instalación pública o privada, negocios como supermercados, tiendas de autoservicio, mercados de alimentos, gasolineras, tiendas de abarrotes, comercios o cualquier otro tipo de establecimiento abierto al público”, señaló Hernández.
Por separado, las diputadas por el PRI Abigail Arredondo, Karina Careaga y Guadalupe Cárdenas; de Morena, Fabiola Larrondo y Laura Polo; y del partido Encuentro Social, Elsa Méndez, propusieron castigos de uno a cinco años de prisión y multas económicas para quienes agredan de manera física o verbal a trabajadores de la Salud en el estado de Querétaro.
