La mayoría de las recomendaciones emitidas por la Defensoría de los Derechos Humanos en el estado de Querétaro (DDH), en los últimos dos años y cinco meses, han sido aceptadas por las autoridades, sin embargo 95% han sido desatendidas en el seguimiento, sanciones a funcionarios y reparación del daño, afirmó el titular del organismo Miguel Nava Alvarado.
“No basta con la aceptación sino con el cumplimiento, hay un seguimiento y hasta el día de hoy en las recomendaciones graves que hemos presentado no existe un resultado más que la aceptación. Más de 95% que ni siquiera se atienden, ni se les otorga seguimiento”.
Detalló que en total la Defensoría ha emitido en ese periodo 13 recomendaciones y cinco informes especiales, seis de los cuales han estado dirigidas a dependencias de gobierno estatales (tres a la PGJ, una a Usebeq, otra a Seseq y una a la Secretaría de Gobierno), sin que hasta el momento se haya reparado material o inmaterialmente el daño a las víctimas y se haya sancionado al respecto.
“No se sancionan, no se reparan los daños, no se le paga a la víctima, existen muchas excusas, pretextos legales, los que sean que son en detrimento de la víctima, no propiamente de la Defensoría, de la víctima o de las víctimas (…), no he visto servidores públicos sancionados, ninguno”, expresó.
Afirmó que la política de estado es privilegiar la defensa de los derechos humanos, una política de la que, consideró, se han alejado los servidores públicos locales a tres años de la última reforma en la materia a nivel nacional.
Emite Nava recomendación a PGJ
La recomendación número 13 de la Defensoría de Derechos Humanos, con Miguel Nava al frente del organismo, fue emitida éste 26 de junio a las autoridades de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y del municipio de Pedro Escobedo por su actuar irregular y atención inadecuada en un caso de violación y estupro, ocurrido en el año 2012, en agravio de una menor que entonces tenía 12 años de edad.
En conferencia de prensa, Nava dio a conocer el contenido de la recomendación DDH/0127/2014/AD en la que también rindió un informe especial dirigido al presidente del TSJ, Carlos Septién, por considerar que dos jueces incurrieron en entorpecimiento y obstrucción de justicia para la menor.
La queja interpuesta el pasado 18 de enero refiere que la menor fue víctima de violación en dos ocasiones, primero por un hombre de 24 años de edad, en abril de 2012, producto de lo cual es madre de una menor de un año y tres meses.
La segunda violación ocurrió en agosto de 2012, por un sujeto de 37 años de edad, identificado como hermano del entonces subdelegado de la comunidad de la Lira, a quien no se inició proceso penal hasta cuatro meses después de los hechos en el Ministerio Público de Pedro Escobedo y las autoridades se taradaron casi un año después de los hechos en accionar.
La representante social del municipio le atendió cinco días después de la violación y no se tomaron medidas para procurarle justicia a la víctima; el Poder Judicial tardó tres meses para pronunciarse y fue negada la orden de aprehensión en abril de 2013. “Es muy grave que hasta hoy el agresor sexual no ha sido localizado”, expresó.
