Al menos 15% de la población de origen indígena en el estado de Querétaro rechaza sus orígenes a causa de la discriminación; hecho que complica la asistencia y el apoyo a los inculpados en sus procedimientos jurídicos, informó Aurelio Sigala Paes, delegado en la entidad de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
El rechazo hacia el origen indígena, de acuerdo con Sigala Paes, está relacionado con la discriminación a esta población, quien ha adoptado un método de defensa al negarlo.
Sin embargo, indicó que esta situación acarrea complicaciones en los juicios, uno de ellos, la asistencia de los traductores de la lengua ñañu.
“Lo fundamental en este tema, cuando están relacionados con la población indígena, son la asistencia con los intérpretes y traductores de la lengua ñañu, que en Querétaro tenemos 15 certificados por la Fiscalía y por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de la CDI, de los cuales tres son abogados […] esa asistencia siempre se debe de fijar a quienes las personas que son privadas de su libertad”, sostuvo.
“Aunque sea un solo caso, pero el número anda alrededor del 15%, no es muy alto, pero eso implica una negación de la identidad y también se está privando el derecho que tienen […] más que un retroceso es una condición social que, durante muchísimos años, la población indígena lo ha tomado como una forma de defensa”, explicó.
El delegado de la CDI indicó que, además de la asistencia con los traductores- intérpretes del ñañu, al aceptar su identidad, la población de origen indígena también puede ser acreedora a una ayuda de hasta 100 mil pesos y en el pago de la reparación del daño, que puede alcanzar hasta 80 mil pesos.
“Hay dos apoyos muy importantes para las personas que están en esa situación, el primero es la fianza, que puede llegar hasta 100 mil pesos y también a reparación del daño, de hasta 80 mil pesos, si una persona que esté implicada en un proceso judicial a veces tiene que ver con algún choque de alguna avenida”, dijo.
El delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Querétaro informó que en los últimos meses del año se han apoyado a 40 personas con la asistencia de traductores y cinco han obtenido el pago de la fianza por la comisión de delitos menores.
De estos casos, comentó que existe una persona proveniente de Tolimán, que tuvo un accidente automovilístico durante el trabajo como comerciante agrícola.
“Otro caso tiene que ver con… se le culpó a una persona de Amealco, de despojo, cuando él presuntamente compra un terreno y le hicieron un fraude, porque el terreno era de otra persona, y el verdadero dueño acude y lo acusa de despojo y está en la cárcel. Otro por una riña en Amealco, así, que son delitos no mayores”, agregó el funcionario.
De acuerdo con Sigala Paes, actualmente hay 36 personas de origen indígena en las cárceles de Querétaro, quienes han sido recluidas por delitos mayores, que no alcanzan el derecho a fianza. Además de la población queretana, existen presos de otras entidades como Chiapa y Michoacán, inclusive, una persona proveniente de Guatemala.
