En Querétaro, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sólo recibió 2 mil 300 televisiones analógicas para su acopio y reciclaje de los 146 mil 280 aparatos que se estimaron dejarían de ser utlizados tras el apagón analógico el pasado 31 de diciembre de 2015, es decir ni 2%, admitió la propia dependencia federal
Al respecto, profesores e investigadores de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y activistas ambientales acusaron al gobierno federal de hacer un mal manejo de los televisores analógicos, pues aseguraron que los centros de acopio no contaban con las características necesarias para el manejo adecuado de residuos peligrosos, como lo establece la ley.
A poco más de un año del apagón analógico, Querétaro figura como una de dos entidades de la República Mexicana en las que se presentaron juicios de amparo en contra de la autoridad federal, pues los promotores de éstos aseguran que se hizo la transición aun cuando, dijeron, el país no estaba preparado para ello.
“Desde 2004 estaba previsto el apagón analógico. En 2015 emitieron el programa para el acopio y se fijó como meta reciclar 70% de los residuos de los equipos electrónicos para el 31 de diciembre de 2015, sin que hubiera la seguridad de que iban a contar con las condiciones previstas para ello”, señaló Cristina Cortinas de Nava, especialista en temas ambientales, de residuos y sustancias químicas.
Expuso que si las personas conservaron en sus domicilios particulares los casi 144 mil televisores analógicos que no se entregaron a la Semarnat no habría la preocupación que existe entre grupos de ambientalistas, sin embargo, no hay certeza de eso. “El problema es cuando tiran los aparatos, sin saber a dónde van a ir a parar”, agregó.
Estos aparatos, alertó, pueden terminar en manos de personas que los rompen y los queman, exponiéndose y exponiendo a la población a sustancias tóxicas.
“Por eso fue el amparo. El programa de trabajo para la transición de televisión digital era muy detallado: explicaba cómo se iban a acopiar los aparatos y determinaba responsabilidades para autoridades federales, estatales y municipales, pero desde la perspectiva de quienes lo planearon, que fueron las autoridades de comunicaciones y transportes y las de medio ambiente.
“El tema aquí es que no supieron aterrizarlo directamente con las autoridades estatales y municipales y no se previó un financiamiento ni un programa de capacitación de dónde se iban a acopiar y a dónde iban a enviar”, expresó.
Sin embargo, pese a que en los centros de acopio sólo se recibió 2% de los televisores analógicos, el delegado de la Semarnat en la entidad, Oscar Moreno Alanís, consideró que se cumplió con los objetivos del programa de gestión integral para el desecho de televisiones, al referir que la entrega de aparatos se realizó de forma voluntaria por parte de la población, sin que fuera una cuestión coercitiva ni obligatoria.
El tema del acopio y manejo de los televisores cobra relevancia al advertirse que en comunidades de Jalisco —el otro estado en donde también se presentó un juicio de amparo—, el Estado de México y Baja California han proliferado chatarreras en las que se efectúa el desensamble y comercio ilegal de componentes electrónicos que se extraen de los aparatos desechados, lo que genera daños a la salud humana por el manejo inadecuado de materiales como el óxido de plomo y retardantes de flamas.
“En sí el apagón analógico no es malo. Muchos países se han apagado en el mundo, pero en 2015 México decidió hacerlo de golpe, sin estar preparado para ello”, indicó Izarelly Rosillo Pantoja, docente de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) que tuvo a su cargo la elaboración de los amparos, presentados tanto en Querétaro como en Jalisco en diciembre de 2015.
Con el mecanismo de defensa, explicó, se busca que no se deje la responsabilidad a estados y municipios del manejo de los aparatos, sin un presupuesto para ello.
Que no se firmen acuerdos de coordinación sin recursos para un manejo adecuado; que no se deje en estado de indefensión a la población ante el riesgo ambiental que se presenta y que no se deje de proteger el medio ambiente y la salud humana.
“Este es un tema que a investigadores, a científicos, a estudiantes y a ambientalistas nos preocupa. Son amparos que no tienen ningún tinte político, que no paga nadie, y que solamente pretenden prevenir la liberación de componentes tóxicos, aunque en el caso de Jalisco hay una dualidad; pretende aplicar el principio precautorio y en la comunidad de Oblatos, que es donde se están desensamblando los aparatos, se pretende probar el daño porque ahí están los pepenadores”, sostuvo.
En Querétaro se presentaron ante el juzgado evidencias de incendios en Loma Bonita y Satélite, en donde sobrantes de componentes de residuos electrónicos, para los cuales no hay mercado, se queman al aire libre.
Rosillo indicó que esta actividad se lleva a cabo por las noches y en diferentes puntos, por lo que cuando se llega al sitio ya sólo están los residuos quemados.
Improcedente
Izarelly Rosillo expuso que tras presentarse el juicio de amparo en Querétaro, los promotores del mismo se han enfrentado a diversas circunstancias. Detalló que una vez presentado, el recurso fue declarado improcedente por falta de interés jurídico, ante lo cual se apeló al interés legítimo del mismo.
“Presentamos un recurso de revisión que ganamos. El tribunal colegiado de circuito ordenó que se admitiera la demanda y se ofrecieron varios medios probatorios, entre estudios científicos, pruebas periciales, inspección ocular, y aun así el juez nos negó el amparo al referir que no se acreditaba el daño”.
Luego de ello se presentó nuevamente un recurso de revisión, el cual no ha sido turnado al colegiado.
“Se integró el expediente y se está notificando a las autoridades; faltan los acuses de las notificaciones y cuando éstas se integren al expediente el colegiado va a conocer de nuestro recurso de revisión y de toda la argumentación que estamos señalando.
“No se puede acreditar el daño porque es un juicio preventivo, pero sí se pudo acreditar el riesgo. En la sentencia el juez reconoce que son residuos peligrosos; dice que sí lo acreditamos y que hay evidencia suficiente para señalar que los componentes que están en los televisores analógicos son residuos peligrosos”.
En el recurso de revisión se señala que hubo muchas pruebas que no fueron desahogadas, además de que se enfatiza en el hecho de que no es un juicio enfocado al daño sino a la prevención, por lo que quien tiene la carga de la prueba es la autoridad para señalar que los centros de acopio son sitios seguros y sin riesgo.
A pregunta expresa de cuál es la recomendación para alguien que en este momento quiera deshacerse de su televisor analógico, el delegado de la Semarnat refirió que:
“La recomendación es poder acercarse con una empresa que se dedique al reciclado de este tipo de aparatos y evitar malbaratarla con algunas personas que también conocemos que están pasando a ofrecer servicios de que les entreguen la televisión por una cantidad muy pequeña y no sabemos realmente cuál va a ser el destino que le van a dar al televisor”.
Oscar Moreno añadió que “hay gente que no cuenta con la capacidad técnica para poder hacer ese reciclado y lo hacen de manera coloquial, que es donde vienen los problemas que no deben de ser”.
