La Comisión Estatal de Aguas (CEA) iniciará un procedimiento administrativo por las tomas de agua clandestinas descubiertas en el desarrollo de Central Park, esto para descartar la posible responsabilidad de un servidor público.
Lo anterior se definió después de que el fiscal del estado, Alejando Echeverría Cornejo, informara que existe una carpeta de investigación abierta en el desarrollo habitacional y comercial, por el robo de agua.
El secretario de gobierno del estado de Querétaro, Juan Martín Granados Torres, precisó que el robo de agua del desarrollo tiene que ver con dos cuestiones: hace referencia a un tema administrativo que implica irregularidades en torno a la toma y en el que el órgano de control interno deberá investigar en caso de que algún servidor público esté involucrado en el hecho.
“Son dos temas que habría que diferenciar: por un lado, el tema administrativo, que implica desde el cobro, la corrección material y técnica de este tipo de irregularidades; me refiero a las tomas y evidentemente a la investigación de orden administrativo por el órgano de control interno, respecto a la posible responsabilidad de que hubiese incurrido algún servidor público, esto tiene que ver con el trámite interno de la CEA”, dijo.
Por otro lado, el secretario de gobierno de la entidad puntualizó que existe otra cuestión en la que está involucrada una investigación de orden penal por parte de la Fiscalía del Estado y en la que se deberá revisar si esto obedece a la comisión de algún delito.
Alejandro Echeverría Cornejo, titular de la Fiscalía General del estado, dio a conocer que existe una segunda carpeta de investigación por robo de agua y que está involucrado un fraccionamiento del municipio de Querétaro de nivel medio alto. “Hay dos carpetas que se iniciaron en las que la CEA dio vista por robo de fluido, una es de Central Park y otra es de un fraccionamiento, cuyo nombre no recuerdo. Pero en ambos casos la CEA dio vista para se investigue, y en ese sentido nosotros vamos a trabajar”, expresó.
El fiscal señaló que se buscará acreditar la responsabilidad de la toma de agua, pues hay, al menos en el caso de Central Park, un decremento patrimonial de 9 millones de pesos.
Aún no ha sido determinado el monto económico que representa el robo de agua en el fraccionamiento en el que todas las casas habitación están bajo el mismo supuesto. “Generalmente ellos tienen un administrador, tienen un representante legal o tienen incluso una asociación o junta de colonos; y en todo caso, procede en contra quienes precisamente hayan realizado un contrato de agua”, dijo.
Agregó que aún se está trabajando con el objetivo de determinar si se trata de una toma clandestina, irregular o una omisión en el pago del agua; en este último, subrayó que también podría estar involucrado un servidor público.
Por su parte, Marcos Aguilar Vega, presidente municipal de Querétaro, informó que darán vista a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que investigue lo conducente en el complejo Central Park.
El jueves pasado, el edil informó que la administración (como primer responsable) debe al menos 30 millones de pesos por la falta de pago del impuesto de traslado de dominio, que pudiera alcanzar los 40 millones por las multas y recargos.
Este viernes, en entrevista, Marcos Aguilar explicó que tienen mesas de diálogo permanentes con los empresarios, dueños del complejo, para alcanzar acuerdos y que cumplan con sus obligaciones.
“Estamos trabajando en la primera de las torres, el objetivo es ayudarles a regularizar y que se logre recuperar ese recurso por traslado de dominio, que son entre 30 y 40 millones (…) es una actividad conjunta, los que han adquirido señalan que el propietario no ha cumplido la obligación que le corresponde. Nuestra intención es que se logre poner orden”.
Hizo el llamado a los compradores a sumarse a las acciones y mesas de trabajo para regularizar la situación que también los afecta, pues son en parte responsables; son los complejos habitacionales y comerciales los que no han cumplido con sus obligaciones fiscales.
Explicó que los vendedores celebraron contratos de compra-venta —que quedaron en el terreno de lo particular— pero no reportaron esos movimientos al municipio, por lo que tampoco se hizo el procedimiento ante el Registro Público de la Propiedad.
