Más de cuatro ex funcionarios de la pasada administración están siendo investigados por diversas irregularidades en torno al manejo de la extinta Red de Transporte Metropolitano Red Q, informó el contralor del estado, Alejandro López Franco, quien señaló que hasta el momento son cuatro las carpetas de investigación que se encuentran abiertas.
“Estos son cuatro cuadernos que están en proceso, con base en hallazgos que hubo en el ejercicio de la administración de Red Q; estamos en el proceso de integración. Tenemos que respetar las garantías de los ex funcionarios para que ellos puedan dar las respuestas necesarias y a lo mejor aclarar lo que tenemos como una suposición de irregularidad, o bien, confirmar que la hubo. Son más de cuatro —ex funcionarios— porque en algunos de los cuadernos, se involucra más de una persona”, dijo.
Explicó que el número total de ex funcionarios que podrían estar implicados en las presuntas irregularidades podría variar conforme se vayan desarrollando las investigaciones, las cuales podrían durar entre tres meses y tres años.
Dijo que de acuerdo con la Ley de Transparencia, se establece que los procedimientos administrativos que están en trámite, se consideran información reservada, por lo que el funcionario estatal no quiso dar más detalles al respecto, ya que eso también podría afectar el proceso de investigación, así como afectar los derechos de los ex funcionarios implicados.
“Tenemos que ser muy responsables aquí en la Secretaría de la Contraloría. No podemos dar el contenido de los cuadernos porque esto podría restarnos la capacidad para continuar con la investigación”, dijo.
López Franco añadió que al integrar un proceso de investigación se solicita la información y la explicación del funcionario implicado, para que pueda aclarar los puntos por los cuales ha sido llamado y así dar “el derecho de audiencia para que el funcionario me diga, oye, aquí está esta información y no es cierta tu percepción o tu presunción”, explicó.
Dijo que los cuatro cuadernos de investigación fueron abiertos porque se detectaron “desviaciones” de distintos tipos. “Son desviaciones contra lo que consideramos o está establecido en la manera que debe de operar el Instituto”, dijo.
Expuso que de acuerdo con la ley, en caso de que se confirmara la responsabilidad de los ex funcionarios de haber incurrido en actos irregulares, las sanciones que podrían alcanzar van desde una amonestación, hasta sanciones penales.
“Las sanciones a las que puede hacerse acreedor un funcionario o ex funcionario van desde una amonestación; como la pena resarcitoria, inhabilitación o, en algunos casos, sanciones penales”, destacó.
